Faride Raful, ministra de Interior y Policía, ha presentado una querella penal contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, acusándolos de difamación e injuria tras la divulgación de información considerada falsa sobre su vida personal. Este caso pone en debate la responsabilidad de los medios y la protección de la integridad en el entorno digital.
Detalles de la querella penal presentada por Faride Raful
La querella fue interpuesta el pasado viernes ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología por el abogado Miguel Valerio Jiminián. El fundamento legal se basa en presuntas infracciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, así como al artículo 367 del Código Penal, que sancionan delitos como la difamación y la injuria. Según el expediente, Raful señala a los comunicadores por difundir afirmaciones “injuriosas y carentes de fundamento”, vinculándola injustamente con actividades ilícitas y conductas reprochables.
Argumentos legales y posición de los implicados
- Ángel Martínez: A pesar de disculpas públicas recientes, la representación legal de Raful considera insuficiente el reconocimiento del daño causado por la información falsa.
- Ingrid Jorge: La comunicadora continúa con las acusaciones sin pruebas, por lo que se espera sea citada judicialmente para justificar sus declaraciones.
- Fundamentos legales: El caso invoca la Ley 53-07 y el Código Penal para respaldar la acción contra la difamación en medios digitales.
Implicaciones de la querella y defensa de la reputación en la era digital
Esta acción legal da seguimiento a un anuncio previo de Raful, quien en marzo expresó su intención de combatir campañas de desinformación en su contra. Su objetivo es salvaguardar su reputación y establecer un precedente frente al uso indebido de plataformas digitales para atacar a figuras públicas. El caso subraya la relevancia de la veracidad informativa y el recurso a la justicia ante posibles daños a la imagen y vida personal provocados por difamación.
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