El caso de Giancarlo Miguel Tejeda, investigado por el Ministerio Público por presunta agresión sexual a una bebé de 11 meses, encendió las alarmas jurídicas en República Dominicana. El abogado Carlos Salcedo advirtió que las sanciones severas que podría enfrentar el imputado están determinadas, en gran medida, por la extrema vulnerabilidad de la víctima, un factor que la legislación dominicana convierte en agravante obligatorio.
Lo que revela el análisis jurídico de Salcedo
Salcedo tomó la palabra tras la viralización de un video en el que Tejeda aparentemente emite comentarios de carácter sexual mientras manipula a la menor. El abogado explicó que las penas aplicables en este tipo de casos oscilan entre cinco y diez años de prisión, pero que la condición de indefensión de la víctima obliga al juzgador a moverse hacia el extremo más alto de esa escala. “Cuando hay condición de vulnerabilidad en el caso de una menor, la sanción se hace más drástica; lo que el legislador indica al juzgador es que debe aplicar la pena máxima”, afirmó el jurista.
Más allá de la pena base, Salcedo subrayó que la investigación deberá determinar si existieron otras conductas ilícitas vinculadas al hecho. En ese sentido, señaló que el material audiovisual presenta condiciones que exigen un análisis forense riguroso, tanto para establecer el estado físico y mental del imputado durante la grabación como para descartar o confirmar que la agresión trascendió el plano psicológico y tuvo expresión física.
Acumulación de penas y el límite que fija la ley dominicana
Uno de los puntos más técnicos del análisis giró en torno a la posibilidad de acumular sanciones si la investigación destapa delitos adicionales. Salcedo fue preciso: en la legislación dominicana, la acumulación de penas aplica únicamente a conductas concurrentes que guarden relación directa con el mismo hecho. Las infracciones distintas, cometidas en momentos diferentes, deben ser procesadas de forma independiente, lo que significa que cada hallazgo nuevo podría derivar en un proceso separado con sus propias consecuencias penales.
Este matiz legal es relevante porque delimita el alcance real de una eventual condena. No se trata de sumar años de forma automática, sino de que cada conducta probada sea evaluada dentro del marco procesal que le corresponde. La complejidad del caso, por tanto, no se resuelve en una sola audiencia ni con una sola sentencia.
Una conducta “deleznable” que exige respuesta ejemplar
Salcedo no se limitó al análisis técnico. Calificó el acto como una conducta “deleznable” que atenta directamente contra un bien jurídico protegido tanto por el Estado como por la sociedad dominicana. Con esa valoración como fondo, instó al Ministerio Público a conducir una investigación exhaustiva que no deje cabos sueltos, y a los tribunales a imponer sanciones severas con carácter ejemplarizador.
El llamado del abogado apunta a un principio que subyace en todo el debate: cuando la víctima es un ser completamente indefenso, la respuesta del sistema de justicia no puede ser tibia. La ley, en este caso, no solo permite la máxima dureza, sino que la exige. Lo que reste por definir es si la investigación logrará construir el expediente que sostenga esa exigencia ante los tribunales.

