El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, lideró una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) centrada en las audiencias públicas para elegir a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Este proceso busca consolidar la institucionalidad democrática del país.
Evaluación de candidaturas para las altas cortes
La reunión se inició a las 9:30 de la mañana, contando con las instalaciones del Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. La agenda contempló la evaluación de 21 candidaturas de un total de 83 aspirantes que buscan ocupar vacantes en las altas cortes judiciales del país.
Participaron en el encuentro importantes figuras del sistema judicial y legislativo dominicano, tales como Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. También asistieron la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.
Candidatos evaluados para la SCJ y TSE
Los candidatos evaluados incluyeron a Elisa Alexandra Abreu Jiménez para el TSE, Édynson Francisco Alarcón Polanco para la SCJ, y Juan Angomás Alcántara para el TSE. Otros postulantes considerados fueron Melkis Antigua para la SCJ o el TSE, Miguelina de Jesús Beard Gómez para la SCJ, y Joaquincito Bocio Familia para el TSE. Asimismo, nombres como Francisco Eugenio Cabrera Mata, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo y Julio César Emilio Canó Alfau para las respectivas cortes fueron parte de la evaluación.
Este proceso es clave para garantizar la adecuada administración de justicia en la República Dominicana, impactando directamente en la eficacia del sistema jurídico.
Procedimientos regulares del CNM
La reunión forma parte de los procedimientos regulares del Consejo Nacional de la Magistratura para asegurar que los jueces seleccionados cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar sus funciones en las altas cortes, lo que refuerza el mandato constitucional del organismo.

