By La decisión del presidente Luis Abinader de suspender todas las actividades vinculadas al proyecto Romero en la provincia de San Juan no tardó en generar reacciones desde el sector privado. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Roberto Dargam Espaillat, se convirtió en una de las primeras voces empresariales en manifestar públicamente su desacuerdo con la medida, abriendo un frente de tensión entre el Gobierno y los representantes del capital privado.
Lo que revela la postura del Conep sobre el proyecto Romero
A través de una publicación en su cuenta de X —anteriormente Twitter—, Dargam reconoció la “vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía” del mandatario, pero no cedió en su posición. Su mensaje fue directo: la paralización del proyecto Romero pone en entredicho la solidez de los procesos institucionales que deben regir decisiones de esta envergadura.
“Estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero, pues plantea interrogantes sobre la necesidad de resguardar procesos institucionales claros y basados en la evidencia. El potencial de una minería responsable en República Dominicana es inmenso y posible con equilibrio social, ambiental y económico”, escribió el directivo.
La declaración no es un simple desacuerdo coyuntural. Dargam apunta a un problema estructural: la ausencia de reglas claras sustentadas en criterios técnicos que permitan evaluar proyectos mineros sin que la presión social sustituya al análisis científico. Para el sector privado, esa distinción es fundamental.
El choque entre inversión minera y protección del agua en San Juan
En el centro del conflicto está la empresa Gold Quest, responsable de la exploración de yacimientos metálicos en San Juan, una zona que la compañía ha catalogado como “distrito minero” por su potencial en oro, plata y cobre. Frente a ese argumento económico, una parte significativa de la sociedad dominicana —incluidos habitantes de la propia región— ha respondido con el lema “Agua sí, oro no”, expresando el temor a que la actividad extractiva comprometa recursos vitales como el agua, la flora y la fauna.
San Juan, conocida popularmente como “el granero del sur”, concentra una identidad territorial fuertemente ligada a la agricultura y a la preservación de sus recursos naturales. Esa historia pesa en el debate y explica, en parte, la magnitud del rechazo popular que el presidente Abinader citó como uno de los fundamentos de su decisión.
- El mandatario basó la suspensión en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Argumentó que un proyecto de esta magnitud no es viable si enfrenta un rechazo amplio de la población.
- Gold Quest ha identificado la zona como un distrito minero con potencial en oro, plata y cobre.
- La oposición ciudadana se articula bajo el lema “Agua sí, oro no”.
Mientras el Gobierno defiende la suspensión como una medida preventiva y socialmente responsable, el sector privado, con el Conep como portavoz, aboga por una evaluación técnica más profunda que determine la viabilidad del desarrollo minero bajo estándares sostenibles. La brecha entre ambas posiciones no es solo política: refleja una disputa más amplia sobre quién tiene la última palabra cuando el desarrollo económico y la protección ambiental colisionan en el proyecto Romero.
