By El presidente Luis Abinader ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades vinculadas al proyecto Romero, la iniciativa minera que buscaba operar en la provincia de San Juan. La decisión, anunciada en respuesta al rechazo expresado por amplios sectores de la población, marca un punto de inflexión en la forma en que el Gobierno dominicano gestiona los conflictos entre desarrollo económico y voluntad ciudadana.
Por qué el proyecto Romero se volvió inviable
El mandatario fundamentó su determinación en la legislación ambiental vigente, específicamente en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que establece que los proyectos de alto impacto no pueden avanzar cuando enfrentan una oposición social considerable. Abinader fue explícito: el amplio rechazo acumulado en torno al proyecto lo convierte en inviable bajo las circunstancias actuales, y su administración no tiene intención de forzar su continuidad.
El presidente subrayó que su Gobierno actúa con cautela y responsabilidad, y que presta atención real a las preocupaciones de la ciudadanía. No se trata, según sus palabras, de una decisión técnica aislada, sino de una respuesta directa a la presión social organizada que ha rodeado al proyecto Romero desde que volvió a la agenda pública.
Un historial de concesiones que arranca en 2005
El proyecto Romero no es una iniciativa reciente. Su historial se remonta a las primeras concesiones de exploración otorgadas en 2005, que fueron renovadas sucesivamente en 2010, 2015 y 2018. A lo largo de dos décadas, el proyecto atravesó distintas administraciones sin lograr avanzar hacia la fase de explotación.
El Gobierno precisó que, durante la gestión de Abinader, el proyecto se encontraba únicamente en fase de evaluación ambiental y no contaba con ninguna autorización para iniciar operaciones extractivas. Este detalle es relevante: la suspensión ordenada no interrumpe una explotación activa, sino que cierra la puerta a un proceso que todavía estaba en etapa de revisión.
- Concesión de exploración inicial: 2005
- Primera renovación: 2010
- Segunda renovación: 2015
- Tercera renovación: 2018
- Estado al momento de la suspensión: evaluación ambiental, sin autorización de explotación
Lo que revela esta decisión sobre política ambiental en República Dominicana
Más allá del caso concreto, la orden de Abinader establece un precedente significativo en la relación entre política ambiental y participación ciudadana en el país. En un contexto donde los conflictos socioambientales han ganado protagonismo creciente, la decisión de invocar la Ley 64-00 como argumento central envía una señal clara: la oposición social organizada puede ser suficiente para detener proyectos de alto impacto, incluso cuando estos cuentan con concesiones vigentes.
República Dominicana ha visto en los últimos años cómo comunidades, organizaciones ambientales y sectores religiosos han intensificado su capacidad de movilización frente a iniciativas extractivas. El proyecto Romero se convierte así en un caso de referencia que otros actores —tanto inversores como comunidades— tomarán en cuenta en futuros procesos de evaluación. Para más información sobre la normativa ambiental aplicable, puede consultarse el marco legal disponible en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.
