By El ministro de Hacienda, Magín Díaz, lanzó una advertencia directa al sector de apuestas del país: las bancas ilegales que operan al margen de la ley en la República Dominicana deberán someterse al proceso de regularización impulsado por el Gobierno o, de lo contrario, tendrán que cerrar sus puertas. El mensaje, pronunciado durante una entrevista en el programa El Día de Telesistema, no dejó espacio para interpretaciones: el Estado dominicano se propone ordenar un sector que, según reconoció el propio funcionario, ha crecido de forma descontrolada en los últimos años.
Las bancas ilegales, bajo la lupa del Gobierno
Díaz fue enfático al describir la magnitud del problema. En los últimos años, la proliferación de bancas de apuestas y máquinas tragamonedas ha desbordado la capacidad regulatoria del Estado, generando un ecosistema informal que opera fuera de los marcos legales establecidos. Ante esta realidad, el presidente de la República emitió un decreto para ordenar el proceso de regularización, una medida que el ministro defendió como necesaria e impostergable.
“Hay que cumplir las reglas. Quienes no puedan regularizarse, entonces tendrán que cerrar”, afirmó Díaz con contundencia. La frase resume la postura oficial: no habrá excepciones ni plazos indefinidos para quienes se nieguen a adaptarse a las exigencias del nuevo marco regulatorio.
El proceso está siendo coordinado por el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, y una comisión de veedores integrada por figuras de reconocida credibilidad pública. Entre los miembros de esta comisión, Díaz mencionó:
- El arzobispo de Santo Domingo
- El excontralor Federico Lalane José
- Representantes de instituciones vinculadas al ámbito tributario
La inclusión de estas figuras apunta a blindar el proceso ante posibles cuestionamientos y a garantizar que la regularización no quede atrapada en los mismos vicios que, según el propio ministro, afectaron a regulaciones anteriores.
Transparencia sin distinción de propietarios: lo que revela la postura oficial
Uno de los aspectos más llamativos de las declaraciones de Díaz fue su insistencia en que la identidad de los propietarios de las bancas no influirá en el proceso. En un país donde la vinculación entre el poder político y los negocios de apuestas ha sido objeto de denuncias recurrentes, el ministro intentó despejar cualquier sombra de duda. “Nosotros no vemos quién es el dueño, si es político o no. Eso no importa. Vamos a hacer el trabajo correctamente”, sostuvo.
Esta declaración adquiere peso adicional si se considera que el propio funcionario reconoció que en el pasado existieron denuncias sobre irregularidades en el sistema de regulación de bancas y loterías. Admitir ese historial mientras se promete una depuración total es, en sí mismo, un gesto político que busca marcar distancia con gestiones anteriores y posicionar al actual Gobierno como agente de cambio en un sector históricamente opaco.
La apuesta del Ejecutivo es clara: si las bancas ilegales no se formalizan, el Estado tiene tanto la voluntad como el mandato legal para clausurarlas. La pregunta que queda abierta es si la institucionalidad dominicana tendrá la capacidad operativa para ejecutar esa promesa en un sector tan extendido y, en muchos casos, tan bien conectado.
Un contexto fiscal que lo explica todo
La ofensiva regulatoria contra las bancas ilegales no ocurre en el vacío. Durante la misma entrevista, Díaz abordó otros frentes igualmente sensibles: pagos pendientes del Estado, procesos de expropiación, el nivel de la deuda pública y la situación fiscal general del país. En todos los casos, el ministro reiteró que el Gobierno busca gestionar la coyuntura económica “de manera responsable”, sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
En ese marco, la regularización de las bancas ilegales no es solo una cuestión de orden público o moralidad institucional: es también una oportunidad de ampliar la base tributaria y capturar ingresos que hoy escapan al fisco. Formalizar un sector informal de esta magnitud podría traducirse en recursos adicionales para un Estado que, como el propio Díaz reconoció, enfrenta presiones fiscales significativas. La regularización, en definitiva, tiene tanto de política económica como de voluntad de orden.
