By Cinco años después del asesinato de Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, Haití no ha logrado estabilizarse. Lo que aquella madrugada en Pétion-Ville desencadenó no fue solo una crisis política, sino el derrumbe acelerado de un Estado que ya mostraba fracturas profundas. Hoy, el país caribeño enfrenta la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental, con bandas armadas que dominan gran parte de su territorio y elecciones que siguen sin fecha firme.
El crimen que sacudió al Caribe: cómo se planeó el magnicidio
La conspiración que terminó con la vida de Jovenel Moïse no fue un acto improvisado. Según documentación judicial, el plan se gestó entre febrero y julio de 2021 en el sur de Florida, donde un grupo de conspiradores buscó financiamiento y logística para derrocar al presidente e instalar en su lugar a alguien favorable a sus intereses. El operativo fue presentado a los mercenarios contratados como una misión de arresto legal, supuestamente respaldada por agencias estadounidenses. La realidad fue otra: tras varios intentos fallidos de captura, el presidente fue asesinado en su residencia.
El grupo ejecutor incluyó a 17 exmilitares colombianos, cuya participación convirtió el caso en un escándalo de dimensiones internacionales. Hasta la fecha, nueve personas han sido condenadas en Estados Unidos en relación con el crimen, aunque el proceso judicial continúa abierto en múltiples frentes. La magnitud de la conspiración reveló hasta qué punto las instituciones haitianas eran vulnerables a la penetración de actores externos con recursos y voluntad de desestabilización.
Un país sin elecciones: el vacío político que dejó Moïse
Para entender el Haití de hoy, es necesario retroceder al 20 de noviembre de 2016, cuando Moïse ganó la presidencia con el Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Desde entonces, el país no ha vuelto a celebrar elecciones. Su mandato estuvo marcado por protestas violentas, una economía en deterioro y acusaciones de corrupción que erosionaron su legitimidad. En enero de 2020, el Poder Legislativo cerró sus puertas tras la expiración del mandato de senadores y diputados, consecuencia directa de la no celebración de elecciones legislativas previstas para octubre de 2019.
A principios de 2021, una disputa legal sobre la duración de su propio mandato añadió otra capa de incertidumbre: mientras Moïse sostenía que gobernaría hasta febrero de 2022, sectores de la oposición exigían su salida inmediata. Su asesinato, en julio de ese año, cerró ese debate de la peor manera posible y dejó al país sin una hoja de ruta institucional clara.
Desde entonces, Haití ha transitado por una sucesión de primeros ministros:
- Ariel Henry, quien asumió tras el magnicidio y concentró el poder ejecutivo durante años.
- Michel Patrick Boisvert, en calidad de interino.
- Gary Conille, designado en un intento de transición negociada.
- Alix Didier Fils-Aimé, el actual primer ministro, quien permanecerá en el cargo hasta la celebración de nuevas elecciones.
Las elecciones generales estaban programadas para agosto de este año, pero el propio Fils-Aimé ha advertido que los comicios no se realizarán hasta que se logre un control efectivo sobre las bandas armadas. Una condición que, a la vista de la situación actual, luce difícil de cumplir en el corto plazo.
Las bandas controlan el 75% de Puerto Príncipe: la cifra que lo explica todo
El asesinato de Jovenel Moïse no creó el problema de las pandillas, pero sí eliminó el último freno institucional que contenía su expansión. Las bandas armadas ya se afianzaban antes del magnicidio, aprovechando el vacío político y la debilidad económica. Sin embargo, en los años siguientes su crecimiento fue exponencial: hoy controlan aproximadamente el 75% de Puerto Príncipe y han extendido su influencia a otros departamentos del país.
Las cifras de violencia son devastadoras. En lo que va del año, los ataques atribuidos a bandas han dejado al menos 2,310 muertos y 1,106 heridos, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La inseguridad ha desplazado internamente a 1.5 millones de personas, y alrededor de 6 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria severa. De una población total de unos 12 millones, aproximadamente 6.4 millones necesitan asistencia humanitaria, una proporción que no tiene parangón en el hemisferio.
En abril de este año, llegaron a Haití los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), procedentes de Chad, como parte de una misión autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2025. No es la primera vez que la comunidad internacional interviene: desde 1990, Haití ha recibido más de una decena de fuerzas extranjeras desplegadas con mandatos de paz y seguridad. Los resultados históricos de esas intervenciones invitan a la cautela sobre lo que esta nueva misión puede lograr.
Cinco años después del asesinato de Jovenel Moïse, Haití sigue atrapado en el mismo ciclo de violencia, inestabilidad política y dependencia de la ayuda exterior. El magnicidio no fue la causa de todos sus males, pero sí el punto de inflexión que aceleró un colapso que hoy parece más difícil de revertir que nunca.
