By El Movimiento Rebelde denunció públicamente que el Gobierno dominicano continúa extrayendo recursos de la clase media y baja a través de los precios de los combustibles, en un momento en que la crisis económica aprieta los bolsillos de miles de familias. La organización respaldó su señalamiento en un estudio académico y en comparaciones de precios que, según sus dirigentes, evidencian sobreprecios sistemáticos en el mercado de hidrocarburos del país.
Lo que revela el estudio que el Gobierno no quiere discutir
El dirigente Hubieres fue el vocero principal de la denuncia y apuntó directamente a una contradicción que, a su juicio, define la política energética del país: mientras el Gobierno otorga grandes subsidios y exenciones fiscales a empresas que no generan empleo ni impulsan la producción nacional, aplica una contribución de US$174.50 por tonelada métrica al gas licuado de petróleo (GLP), el combustible más utilizado por los hogares de menores ingresos. Esa carga se traduce en RD$17.30 por galón, calculada sobre un tipo de cambio de entre 60 y 65 pesos por dólar.
Para sustentar la denuncia, Hubieres citó el estudio del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), elaborado por el catedrático José Luis Moreno. El documento refuta la narrativa oficial de que existen subsidios reales a los combustibles. Según el análisis, lo que el Gobierno presenta como subsidio es en realidad un sacrificio fiscal que nunca llega al consumidor final, mientras que en la práctica los precios se fijan por encima del máximo permitido. El período analizado abarca la semana del 4 al 10 de julio de 2026, durante la cual se detectaron sobreprecios en la mayoría de los combustibles.
El Movimiento Rebelde y las distorsiones que inflan el precio del GLP
Más allá de la carga impositiva directa, el Movimiento Rebelde identificó una distorsión metodológica en la forma en que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) calcula el Precio de Paridad de Importación (PPI). Según Hubieres, el ministerio estima los costos como si el 100% del gas y otros combustibles se adquiriera en el mercado spot, ignorando los contratos a largo plazo que representan aproximadamente un 10% de descuento sobre el precio de mercado. Al no incorporar ese descuento, el PPI queda artificialmente elevado, y con él, el precio que paga el consumidor en la bomba.
Las consecuencias de estas distorsiones no se limitan al surtidor. El Movimiento Rebelde advirtió que los sobreprecios en los combustibles impactan directamente los costos de la canasta básica, encareciendo los productos en supermercados y mercados populares en un contexto donde las facturas de energía eléctrica ya presionan con fuerza el presupuesto familiar. La cadena es clara: combustible más caro significa transporte más caro, producción más cara y, al final, alimentos más caros para quienes menos pueden pagarlo.
- Contribución al GLP: US$174.50 por tonelada métrica (RD$17.30 por galón)
- Período con sobreprecios documentados: semana del 4 al 10 de julio de 2026
- Descuento por contratos a largo plazo ignorado por el MICM: aproximadamente 10%
- Ingreso adicional semanal estimado para el Gobierno por sobreprecio en GLP: RD$350.64 millones
La cifra que lo cambia todo: RD$350 millones semanales
El dato más contundente del reporte es también el más difícil de ignorar: el sobreprecio aplicado al GLP generaría al Gobierno RD$350.64 millones en ingresos adicionales por semana, solo por concepto de ventas de ese combustible. El estudio concluye que si el precio del GLP se ajustara correctamente, eliminando las distorsiones metodológicas y aplicando los descuentos reales de los contratos vigentes, los consumidores experimentarían una reducción considerable en sus gastos mensuales. Para una familia de clase media o baja que depende del GLP para cocinar, esa diferencia no es menor.
El Movimiento Rebelde exigió que las autoridades transparenten la metodología de fijación de precios y que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes incorpore en sus cálculos los contratos a largo plazo que el propio Estado negocia. La organización advirtió que seguirá monitoreando las variaciones semanales de precios y presentando comparaciones públicas para documentar lo que califica como un patrón sostenido de sobreprecios en perjuicio de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana.
