By El presidente Luis Abinader admitió públicamente que tanto el Gobierno como distintos sectores de la sociedad civil fallaron en anticipar las implicaciones del nuevo Código Penal, una legislación que ha encendido el debate nacional y obligado al Poder Ejecutivo a proponer modificaciones de urgencia antes de su entrada en vigor. La confesión llegó en medio de una presión creciente y con el reloj corriendo: la norma debe estar vigente el 3 de agosto.
El mea culpa que nadie esperaba de Abinader
Durante una entrevista en Telesistema, canal 11, el mandatario no esquivó la responsabilidad. “Estamos haciendo un mea culpa. Probablemente ambos sectores debimos comenzar esa revisión inmediatamente después de la aprobación”, declaró, en una admisión que pocas veces se escucha desde la cúspide del poder ejecutivo dominicano. La frase no fue un desliz: Abinader la construyó con deliberación, reconociendo que el análisis de los cambios debió haberse iniciado en el momento mismo en que el Congreso aprobó la ley, no meses después y bajo presión.
El presidente informó que las observaciones consensuadas sobre el Código Penal ya fueron remitidas al Congreso Nacional, y expresó confianza en que serán aprobadas antes de la fecha límite. El margen es estrecho y la apuesta política, considerable: si las modificaciones no se aprueban a tiempo, el Gobierno quedará expuesto a las críticas de quienes advierten que la normativa original amenaza derechos fundamentales.
Libertad de expresión y el desafío de las redes sociales
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a la libertad de expresión. Abinader destacó que la República Dominicana ha mantenido altos estándares en el Índice de Chapultepec, referente regional en materia de libertad de prensa, pero advirtió que la expansión de las redes sociales y las plataformas digitales de comunicación plantea nuevos desafíos que la legislación anterior no contemplaba. En ese contexto, el mandatario defendió la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con la protección de la dignidad y la reputación de las personas, dos valores que, según su lectura, no son incompatibles sino complementarios.
Esta postura es precisamente la que ha generado mayor controversia. Sectores del periodismo, la sociedad civil y la oposición han calificado la iniciativa como una “ley mordaza”, argumentando que las disposiciones sobre honor e imagen podrían usarse para silenciar voces críticas. Abinader rechazó de forma categórica esa interpretación y reafirmó su compromiso con la democracia, recordando que fue él quien impulsó reformas para limitar la reelección indefinida de gobernantes, una medida que, a su juicio, habla por sí sola sobre sus intenciones democráticas.
El Código Penal y el rol del diálogo institucional
Más allá de la polémica puntual, el presidente aprovechó el espacio para reivindicar su modelo de gestión basado en la concertación. Subrayó el papel del Consejo Económico y Social (CES) como plataforma para el diálogo entre actores políticos, empresariales y sociales, y afirmó que su política de apertura incluye la disposición de conversar incluso con quienes tienen posiciones contrarias a las del Gobierno. En su visión, las críticas no son un obstáculo sino un insumo para mejorar la gestión pública.
El mandatario cerró su intervención con un argumento que trasciende el debate coyuntural: aseguró que la propuesta presentada busca garantizar tanto la libertad de pensamiento como el respeto al honor individual, y que esa protección será relevante para él incluso después de que concluya su mandato en 2028. Con esa proyección personal, Abinader intentó desligar la iniciativa de cualquier interés político inmediato y enmarcarla como una apuesta de largo plazo por un marco legal más equilibrado para todos los ciudadanos, incluido él mismo.
- Las modificaciones al Código Penal ya fueron enviadas al Congreso Nacional.
- La normativa debe entrar en vigencia el 3 de agosto.
- El debate central gira en torno al equilibrio entre libertad de expresión y protección del honor.
- El CES fue señalado como espacio clave para la concertación entre sectores.
- Abinader rechazó que la propuesta constituya una “ley mordaza”.
