By La República Dominicana elevó el tono de su postura internacional este jueves cuando el presidente Luis Abinader reafirmó públicamente la defensa democracia como principio irrenunciable de la política exterior del país, en medio de una escalada diplomática con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La declaración no fue un gesto retórico: llegó acompañada de una medida concreta que marca un punto de inflexión en las relaciones entre ambas naciones.
La decisión que encendió la tensión diplomática
El detonante inmediato fue el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de convocar a consulta a la embajadora dominicana en Nicaragua, Acsamary Guzmán Nina. Esta medida, reservada para los momentos de mayor fricción entre Estados, se produjo como consecuencia directa del intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos, que fue subiendo de intensidad en los días previos.
El punto de quiebre llegó cuando el gobierno de Ortega comunicó oficialmente que no se llevarían a cabo nuevos procesos electorales en Nicaragua. Para Santo Domingo, esa decisión no es un asunto interno del país centroamericano: es una violación directa de los principios que sostienen el orden democrático hemisférico. La Cancillería dominicana lo dejó claro al invocar el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que reconoce el derecho de los pueblos de América a elegir libremente a sus gobernantes.
La respuesta nicaragüense no se hizo esperar. Autoridades del régimen de Ortega calificaron a las instituciones dominicanas de “vasallas”, un término que el gobierno dominicano rechazó con firmeza y que, lejos de apaciguar el conflicto, profundizó la ruptura entre ambas cancillerías.
Por qué la defensa democracia se convierte en eje de política exterior
La postura de Abinader no surge en el vacío. República Dominicana ha sostenido en los últimos años una línea coherente de pronunciamientos en favor de los procesos electorales en la región, especialmente frente a gobiernos que han restringido o eliminado la competencia política. En ese contexto, la defensa democracia deja de ser una declaración de principios para convertirse en un instrumento activo de la diplomacia dominicana.
Al reafirmar su postura este jueves, el presidente Abinader envió una señal tanto hacia adentro como hacia afuera: hacia adentro, consolidando una narrativa de liderazgo regional; hacia afuera, alineando al país con los mecanismos multilaterales que defienden la soberanía popular como condición mínima de legitimidad gubernamental. La convocatoria a consulta de la embajadora Guzmán Nina es, en ese sentido, mucho más que un protocolo diplomático: es la materialización de esa postura en un acto concreto con consecuencias reales.
- República Dominicana convocó a consulta a su embajadora en Nicaragua, Acsamary Guzmán Nina.
- El gobierno de Daniel Ortega anunció que no habrá nuevos procesos electorales en Nicaragua.
- La Cancillería dominicana citó el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana como fundamento de su posición.
- Autoridades nicaragüenses calificaron a las instituciones dominicanas de “vasallas”.
- El presidente Abinader reafirmó el compromiso del país con la defensa democracia en las Américas.
Lo que revela esta crisis sobre el orden regional
Más allá del conflicto bilateral, el episodio expone una fractura más profunda en el continente americano: la tensión entre gobiernos que defienden la alternancia y la soberanía popular como valores no negociables, y regímenes que han optado por consolidar el poder al margen de los mecanismos electorales. Nicaragua no es el único caso, pero sí uno de los más explícitos en su rechazo a las normas del sistema interamericano.
Para República Dominicana, mantener una posición firme en este escenario implica asumir costos diplomáticos reales, como la convocatoria a consulta de su representante en Managua. Sin embargo, el gobierno de Abinader ha optado por asumir esos costos antes que guardar silencio frente a lo que considera una amenaza directa a los principios que rigen la convivencia democrática en la región. La defensa democracia, en este caso, no es solo un eslogan: es una decisión con consecuencias.
