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OEA: políticos con vínculos criminales fuera de elecciones en Haití

Las elecciones en Haití enfrentan una advertencia directa desde la cúpula hemisférica: el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó este viernes que las personas con conexiones a organizaciones criminales no deberían participar en los comicios previstos para finales de 2026. El llamado llega en un momento en que amplias zonas del país caribeño permanecen bajo el control de grupos armados y el proceso de registro de votantes avanza con lentitud preocupante.

Lo que Ramdin reveló sobre la connivencia política en Haití

El secretario general fue cuidadoso en sus palabras, pero contundente en el fondo. Aclaró que su señalamiento no apunta a la clase política haitiana en su conjunto, sino a «algunos políticos con vínculos a bandas criminales», un fenómeno que, según describió, representa una preocupación considerable para la credibilidad del proceso electoral. La distinción importa: no es una condena generalizada, sino una alerta focalizada sobre un vínculo que ya había documentado en visitas anteriores.

Durante su visita a Haití en agosto pasado, Ramdin expuso públicamente que existe una «cierta connivencia» entre figuras políticas y bandas armadas. Desde la OEA, la postura es que los candidatos deben ser «íntegros» y cumplir con los estándares esperados para un aspirante legítimo. Sin embargo, el organismo reconoce que la verificación de elegibilidad corresponde exclusivamente a las autoridades haitianas, quienes tienen la potestad y la responsabilidad de decidir quién puede o no participar en los comicios.

Por qué el registro de votantes puede hundir las elecciones en Haití

Más allá del perfil de los candidatos, Ramdin identificó otro flanco crítico: la fase preparatoria avanza con una eficacia insuficiente. El secretario general subrayó la urgencia de intensificar el registro de votantes y advirtió que una mayor promoción en los medios de comunicación es esencial para garantizar que más ciudadanos se inscriban. La advertencia no es menor: si la participación resulta baja por falta de registro, tanto la clase política haitiana como la comunidad internacional podrían cuestionar la validez de los resultados, independientemente de cómo se desarrollen los comicios.

El escenario de fondo es sombrío. Ramdin reconoció abiertamente las dificultades de organizar elecciones tras una década de crisis y con vastas áreas del territorio bajo dominio de grupos armados. «La situación es extremadamente difícil», lamentó, instando a la comunidad internacional y a los propios haitianos dentro y fuera del país a brindar el apoyo necesario para que el proceso pueda avanzar.

  • Primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas: 13 de diciembre de 2026
  • Segunda vuelta prevista: 21 de febrero de 2027
  • Muertes por violencia en Haití en los primeros seis meses del año: al menos 3.050, según la ONU
  • Heridos en el mismo período: al menos 1.401

El TPS y el llamado a respetar derechos en las devoluciones

En paralelo a la agenda electoral, Ramdin abordó la situación de los migrantes haitianos en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Fue directo al señalar que ningún país puede ser obligado a mantener indefinidamente a migrantes indocumentados en su territorio. No obstante, hizo un llamado explícito a que se respeten los derechos humanos durante los procesos de devolución y a que se consulte con Haití para organizar los retornos de manera ordenada y coordinada, evitando que la repatriación masiva agrave aún más la crisis interna.

El conjunto de declaraciones de Ramdin dibuja un cuadro de urgencia múltiple: unas elecciones en Haití que deben celebrarse bajo condiciones de seguridad precarias, con un padrón electoral que necesita crecer, con candidatos cuya integridad está en entredicho en algunos casos, y con una diáspora cuyo futuro migratorio añade presión al ya frágil equilibrio político del país. La Organización de los Estados Americanos no tiene poder de veto sobre ninguna de estas variables, pero su voz pesa en la comunidad internacional que financia y observa el proceso.

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