By La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) encendió las alarmas del sector esta semana al rechazar públicamente la emisión de cerca de 30 mil licencias autorizadas por la Comisión Hípica Nacional para agencias hípicas que operan juegos virtuales basados en carreras pregrabadas de animales. Para el gremio, la medida no solo desborda los marcos regulatorios vigentes, sino que anticipa los riesgos que traería consigo la aprobación de la Ley General de Juegos de Azar actualmente en estudio en el Senado dominicano.
Lo que revela la admisión de la Comisión Hípica sobre las bancas deportivas
El detonante de la controversia fue un comunicado firmado por Francisco Pavonessa, presidente de la Comisión Hípica Nacional, en el que el organismo reconoció que una cantidad significativa de esas licencias ha sido utilizada en establecimientos de loterías abiertos al público general. Para ADOBAD, esa admisión no es un detalle menor: es la prueba de que los juegos electrónicos y virtuales, históricamente confinados a espacios controlados como casinos y bancas deportivas, están migrando hacia entornos sin supervisión adecuada.
Félix Ariel Espinal, presidente de ADOBAD, fue directo en su lectura del hecho: “De aprobarse este proyecto tal como está, se daría paso a la expansión de juegos de azar electrónicos y virtuales”, advirtió. En su criterio, la situación actual es un llamado urgente al Gobierno para introducir cambios sustanciales en el proyecto legislativo antes de que sea votado en el Senado.
El directivo Francisco Pérez fue aún más explícito sobre las consecuencias potenciales: “Esto anticipa lo que podría resultar de la aprobación de una Ley General de Juegos de Azar que abra las puertas a casinos digitales accesibles a jóvenes y niños”, señaló. La preocupación central del gremio no es solo regulatoria, sino social: la posibilidad de que menores de edad accedan a apuestas en espacios cotidianos como bodegas o puntos de lotería.
El conflicto de competencias que nadie había resuelto
Detrás del rechazo de ADOBAD hay un conflicto institucional de fondo que lleva meses sin resolverse. La Comisión Hípica Nacional defiende su actuación amparándose en un decreto presidencial de 2019, que le habría otorgado facultades para emitir este tipo de autorizaciones. Sin embargo, el gremio sostiene que ese argumento choca frontalmente con dos normas de mayor jerarquía:
- La Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda y Economía, número 45-25, que concentra en esa cartera la autoridad para licenciar cualquier modalidad de juegos de azar.
- La Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, que refuerza esa competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda.
El conflicto no es nuevo. La Dirección General de Casinos y Juegos de Azar ya había notificado formalmente a la Comisión Hípica Nacional el 5 de septiembre de 2024 que debía abstenerse de otorgar licencias para la comercialización de juegos virtuales, precisamente porque esa competencia corresponde en exclusiva al Ministerio de Hacienda. Pese a esa advertencia, las licencias continuaron emitiéndose, lo que agrava la percepción de desorden institucional que denuncia ADOBAD.
El debate llega en un momento crítico para la regulación del juego en República Dominicana. Con la Ley General de Juegos de Azar en plena discusión legislativa, la postura de las bancas deportivas busca influir en el texto final antes de que sea demasiado tarde para corregir el rumbo. Para el sector, lo que está en juego no es solo un conflicto de competencias entre organismos del Estado, sino el modelo completo de regulación del juego que el país adoptará en los próximos años.
