By La República Dominicana y Colombia dieron un paso concreto en la lucha contra el crimen transnacional al suscribir un acuerdo para establecer un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), una herramienta jurídica de cooperación internacional que se enmarca en la Convención de Palermo de la ONU y en las normativas penales de ambos países. El objetivo central es combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes, delitos que cruzan fronteras y exigen respuestas coordinadas entre naciones.
El acuerdo que une a dos fiscalías para combatir la trata
El convenio fue firmado por la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, en un acto que contó con la presencia de diplomáticos de ambas naciones, lo que subraya el peso político y simbólico de la iniciativa. Reynoso agradeció el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuyo apoyo ha sido clave para impulsar convenios internacionales que buscan generar entornos más seguros en la región.
La procuradora destacó que el acuerdo incluye un plan operativo detallado y subrayó el compromiso de ambos países de mantener una cooperación eficiente y sostenida en el tiempo. No se trata de una declaración de intenciones: el ECI implica mecanismos concretos de intercambio de información, coordinación de diligencias y actuación conjunta entre equipos fiscales de los dos países.
Lo que revela el historial de República Dominicana y Colombia en este frente
Este acuerdo no surge en el vacío. Reynoso recordó que la República Dominicana ya había establecido su primer ECI con Chile, y que el país continuará utilizando esta herramienta para enfrentar delitos que afectan gravemente la dignidad humana. La procuradora fue enfática al señalar que la trata de personas es un delito prioritario para su gestión, una declaración que adquiere mayor peso cuando se traduce en instrumentos jurídicos vinculantes con otras naciones.
Colombia, por su parte, llega a este acuerdo con una trayectoria consolidada en la materia. Camargo Garzón precisó que este es el ECI número 18 creado por Colombia con otros países que forman parte de la Convención de Palermo, lo que posiciona a la Fiscalía colombiana como una de las instituciones más activas en la construcción de redes de cooperación penal internacional en América Latina.
- República Dominicana establece su segundo ECI, tras el firmado previamente con Chile.
- Colombia suma su ECI número 18 en el marco de la Convención de Palermo.
- El acuerdo cubre delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes.
- La UNODC respaldó el proceso de negociación y firma del convenio.
La dimensión financiera del crimen que nadie puede ignorar
Uno de los elementos más reveladores del acuerdo es el enfoque que Colombia introduce sobre las finanzas del crimen organizado. Camargo Garzón señaló que la persecución no se limita a las ganancias criminales directas, sino que también apunta al financiamiento que permite la movilización de personas entre países, un eslabón que con frecuencia permanece invisible en las investigaciones convencionales. Esta perspectiva amplía el alcance del ECI más allá de la captura de perpetradores y apunta a desmantelar las estructuras económicas que sostienen las redes de trata.
Camargo Garzón también advirtió que la trata de personas tiene un impacto significativo en múltiples regiones, incluyendo países de Europa, lo que refuerza la necesidad de una lucha transnacional organizada. En ese sentido, el acuerdo entre Colombia y República Dominicana no es solo un convenio bilateral: es un nodo más en una red global que busca cerrar los espacios donde operan quienes explotan a las personas más vulnerables. Combatir la trata desde una lógica de cooperación estructurada, con equipos conjuntos y planes operativos, representa hoy la apuesta más sólida de ambas instituciones para enfrentar uno de los delitos más graves del crimen organizado contemporáneo.
