By Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó el inicio de juicio contra seis personas, entre ellas dos oficiales de la Policía Nacional, acusados de integrar una red criminal dedicada al robo de municiones y pertrechos de la institución. La decisión, adoptada a solicitud del Ministerio Público, marca un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción policial más graves destapados en los últimos años.
El robo de municiones que desfalcó al Estado en 92 millones
El caso tiene su origen en la Operación Pandora, ejecutada en noviembre de 2024, que desarticuló un esquema de sustracción y venta ilícita de municiones y pertrechos bajo custodia de la Policía Nacional. Según el Ministerio Público, el desfalco al Estado asciende a 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos, una cifra que refleja años de saqueo sistemático desde adentro de la propia institución.
Al frente del esquema se ubica el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, quien tenía bajo su responsabilidad directa la custodia de los bienes sustraídos. Junto a él, el capitán Nelson Valdez figura como otro de los principales imputados. Ambos enfrentan ahora un juicio de fondo tras la audiencia preliminar celebrada ante la jueza Patricia Padilla.
Los cargos que pesan sobre los acusados son múltiples y de alta gravedad: coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores. A ello se suman violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, lo que convierte este proceso en uno de los más complejos que ha enfrentado la justicia dominicana en materia de corrupción policial.
Lo que decidió la jueza y por qué importa cada resolución
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público estuvo representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel. La jueza Padilla rechazó la solicitud de proceso penal abreviado presentada por la defensa de Miguelina Bello Segura y ordenó que el caso continuara su curso ordinario hacia juicio.
En paralelo, la audiencia produjo una resolución separada para Marino Antonio Rodríguez Toribio: fue condenado a cinco años de prisión bajo arresto domiciliario. Además, se cerró de manera definitiva la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., empresa de la que era representante y que habría servido como vehículo para la operación ilícita. Se le impuso una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes incautados.
El resto de los acusados que irán a juicio son:
- Víctor Manuel Santos Rodríguez
- Juan Luis Díaz Medina
- Ángel Rubiel Martínez Bacilio
- Morelbin Medina Pérez
A Féliz Romero y Valdez se les modificó la medida de prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, contrato de fianza a través de una aseguradora, impedimento de salida del país y obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Santos Rodríguez, por su parte, permanece bajo medidas de coerción similares: garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
Una red que operó desde adentro de la Policía Nacional
Lo que revela este caso no es solo la magnitud del robo de municiones, sino la profundidad de la infiltración criminal dentro de una institución del Estado. Que un coronel a cargo de la Intendencia de Armas haya podido coordinar durante años la sustracción y venta de pertrechos policiales apunta a fallas estructurales de supervisión y control interno que van más allá de los individuos imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha asumido el caso como una prioridad institucional, y la decisión de la jueza de rechazar el proceso abreviado y enviar el expediente a juicio ordinario refuerza la señal de que el sistema judicial no está dispuesto a resolver con atajos un expediente de esta envergadura. El juicio que se avecina promete ser uno de los más reveladores sobre los mecanismos de corrupción que operan al interior de las fuerzas de seguridad dominicanas.
