By La Dirección General de Aduanas (DGA) cerró el primer semestre del año con un resultado que revela la magnitud del problema de evasión tributaria en el comercio exterior dominicano: RD$1,652 millones recuperados en impuestos no declarados, correspondientes a 389 importaciones asiáticas que no habían cumplido con sus obligaciones fiscales. El hallazgo no es producto de la casualidad, sino de una estrategia de control que opera antes, durante y después del despacho aduanero.
Lo que revelan los RD$1,652 millones recuperados
La cifra no es solo un indicador de recaudación: es una radiografía del nivel de incumplimiento que existía en un segmento específico del comercio de importación. Los controles de riesgo y los mecanismos de fiscalización desplegados en puertos y aeropuertos del país permitieron identificar operaciones que, en apariencia, habían superado el filtro aduanero, pero que ocultaban diferencias significativas entre lo declarado y lo realmente importado.
Bajo la dirección de Nelson Arroyo, la DGA ha profundizado sus acciones de fiscalización a posteriori, un mecanismo que permite intervenir y verificar establecimientos comerciales incluso después de que las mercancías han sido despachadas. Las intervenciones se han concentrado en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, las dos principales plazas comerciales del país, donde opera una parte importante de los importadores vinculados al comercio de origen asiático.
El proceso técnico que sigue la DGA tras cada intervención incluye el análisis detallado de registros contables y documentación comercial de las empresas fiscalizadas. Ese análisis se cruza con las declaraciones y registros aduaneros correspondientes, lo que permite detectar inconsistencias que de otro modo permanecerían invisibles para el sistema tributario.
Por qué la fiscalización a posteriori cambia las reglas del juego
El modelo tradicional de control aduanero se concentra en el momento del despacho: la mercancía llega, se declara y, si pasa los filtros, ingresa al mercado. La fiscalización a posteriori rompe esa lógica al extender la capacidad de control de la institución más allá del puerto o el aeropuerto. Esto significa que un importador que logró evadir los controles en el momento del despacho puede ser alcanzado semanas o meses después, cuando la DGA audite sus registros comerciales.
Este enfoque tiene implicaciones directas para el comercio formal. Las importaciones asiáticas fiscalizadas forman parte de un segmento que compite directamente con productores y distribuidores locales. Cuando esas importaciones ingresan con valores subvalorados o con clasificaciones arancelarias incorrectas, generan una ventaja artificial que distorsiona la competencia. Recuperar esos impuestos no declarados no solo protege las recaudaciones del Estado, sino que también nivela el campo de juego para los operadores que sí cumplen con sus obligaciones.
- Control de riesgo en puertos y aeropuertos durante el despacho.
- Fiscalización a posteriori en establecimientos comerciales de Santo Domingo y Santiago.
- Análisis técnico de registros contables y documentación comercial.
- Contraste con declaraciones y registros aduaneros para detectar inconsistencias.
- Seguimiento de mercancías e importaciones después del despacho aduanero.
La Dirección General de Aduanas ha subrayado que estas acciones no son operativos puntuales, sino parte de un programa permanente de control que opera de forma continua. Esa continuidad es precisamente lo que convierte al sistema en un disuasor efectivo: los importadores no pueden anticipar cuándo serán objeto de una verificación, lo que eleva el costo del incumplimiento y reduce el incentivo para evadir.
Los resultados del primer semestre posicionan a las importaciones asiáticas como el foco prioritario de la estrategia de fiscalización, aunque la DGA no ha descartado ampliar el alcance de sus intervenciones a otros orígenes comerciales. Con RD$1,652 millones recuperados en apenas seis meses, el programa demuestra que la brecha entre lo declarado y lo realmente importado es lo suficientemente amplia como para justificar una intensificación sostenida de los controles.
