By Las multas digitales representan uno de los cambios más significativos en la fiscalización del tránsito en la República Dominicana en los últimos años. Se trata de una plataforma automatizada que sustituye los tradicionales talonarios de papel por dispositivos electrónicos, cámaras y bases de datos interconectadas, con el objetivo de detectar y procesar violaciones a las normas de tránsito de forma más eficiente y transparente. Sin embargo, su implementación no ha estado exenta de controversia entre los sectores del transporte.
Qué son las multas digitales y cómo funcionan
El sistema de multas digitales se apoya en radares digitales capaces de medir la velocidad de los vehículos en movimiento. Cuando un conductor excede los límites establecidos, el dispositivo captura automáticamente una imagen del vehículo y del conductor, la cual es enviada de inmediato a una central de procesamiento. Esto significa que los agentes de tránsito no necesitan detener físicamente al infractor para levantar el acta correspondiente, lo que agiliza el proceso y reduce la posibilidad de interacciones discrecionales en la vía.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) es la entidad encargada de la fiscalización vial en el país y la responsable de implementar este sistema, cuya puesta en marcha estaba prevista para 2025. Por su parte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) gestiona el sistema de tránsito en su conjunto. Ambas instituciones trabajan de forma coordinada para modernizar la infraestructura de control vial dominicana.
Entre los elementos que componen este sistema se destacan:
- Radares digitales de velocidad instalados en puntos estratégicos de la red vial.
- Cámaras de captura de imagen para identificar vehículos y conductores infractores.
- Bases de datos interconectadas que permiten el registro automático de infracciones.
- Una central de procesamiento donde se visualizan y gestionan las imágenes recibidas.
El debate que generan las multas digitales en el sector transporte
La llegada de este sistema ha dividido las opiniones dentro del sector transportista. Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), ha manifestado su preocupación por el impacto que podría tener sobre un gran número de vehículos, en particular motocicletas, que no están registrados a nombre de sus actuales propietarios. Esta situación podría generar conflictos legales al momento de identificar al responsable de una infracción, ya que el sistema vincula la multa al propietario registrado del vehículo, no necesariamente a quien lo conduce.
En contraste, William Pérez Figuereo, presidente del Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), ha valorado positivamente los avances que representa el sistema en términos de transparencia. Desde su perspectiva, la automatización del proceso reduce la discrecionalidad de los agentes en la vía y ofrece un registro más objetivo de las infracciones cometidas, lo que a largo plazo podría beneficiar tanto a conductores como a las instituciones reguladoras.
Este contraste de posiciones refleja una tensión estructural del sector: la modernización tecnológica choca con una realidad en la que una parte significativa del parque vehicular dominicano opera con documentación desactualizada o incompleta.
Lo que aún falta para que el sistema opere plenamente
A pesar del avance que supone la presentación del proyecto, medios de comunicación nacionales han señalado que la automatización de las infracciones por exceso de velocidad todavía no ha sido puesta en marcha de forma efectiva. En la práctica actual, una multa de tránsito se emite cuando un agente de la Digesett identifica una violación a la Ley 63-17 y levanta manualmente un acta de infracción, un proceso que el nuevo sistema busca transformar de raíz.
Una vez registrada la infracción, el conductor queda obligado a cumplir con la sanción económica correspondiente, aunque conserva el derecho de impugnarla si considera que fue aplicada de forma incorrecta. Dependiendo de la gravedad de la falta, las consecuencias pueden ir más allá de la multa económica e incluir:
- Reducción de puntos en la licencia de conducir.
- Restricciones sobre el vehículo involucrado.
- Posibles sanciones adicionales según lo establecido en la normativa vigente.
La implementación plena de las multas digitales en la República Dominicana dependerá, en gran medida, de la capacidad institucional para resolver los vacíos en el registro vehicular y de la voluntad política para avanzar en la modernización del sistema de tránsito. El debate apenas comienza, pero el rumbo parece claro: la fiscalización vial dominicana se dirige hacia la era digital.
