Los pandilleros haitianos buscados por las autoridades de su país no solo cruzan la frontera dominicana: se instalan, operan y construyen redes criminales en distintas provincias de la República Dominicana. En los últimos días, una serie de detenciones ha expuesto un patrón que contradice los anuncios oficiales sobre el blindaje fronterizo y enciende alarmas sobre la verdadera efectividad de los controles migratorios y de seguridad del Estado.
Pandilleros haitianos con órdenes de captura activos en territorio dominicano
El caso que más atención ha generado es el de una joven conocida en redes sociales como Esther Thomas o Nice B, de quien las autoridades sospechan que mantiene vínculos directos con la banda armada 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales más violentas y temidas de Haití. Su presencia en el país no es un incidente aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que las autoridades dominicanas han comenzado a documentar con mayor sistematicidad.
En esa misma línea, fueron detenidos Lory Thermidor y Louis Jean Robenson, quienes ingresaron ilegalmente al territorio nacional y fueron entregados a la Policía de Fronteras Terrestres en Belladère. Ambos casos ilustran cómo individuos con historial delictivo en Haití encuentran en la frontera dominicana una vía de escape antes que una barrera real.
El patrón se repitió con la captura de Adolfo Marcelino, alias Chopo, y Jean Stanley Compère, alias Fat, quienes fueron entregados al comisionado jefe Léonard Anténor en Juana Méndez durante un operativo vinculado a actos de secuestro y violencia en la llanura de Cul-de-Sac. Su detención en suelo dominicano confirma que la frontera, lejos de ser un obstáculo definitivo, se ha convertido en una zona de tránsito para prófugos con extensos historiales criminales.
Lo que revela la red desmantelada en el Cibao
Quizás el caso más revelador de la capacidad organizativa de estos grupos en territorio dominicano es el desmantelamiento de una célula criminal en la región del Cibao. Al frente de esa estructura operaba el haitiano Pierre Peguey, alias Johnny o Joni, quien había montado una red dedicada a robos en las principales vías del país. El método era sofisticado: sus integrantes usaban uniformes de policía para detener y asaltar a camioneros en la autopista Joaquín Balaguer, aprovechando la confianza que genera la imagen institucional.
El operativo culminó con la detención de quince personas en Santiago y Los Alcarrizos, entre ellas la esposa del presunto líder. El alcance geográfico de la red, que abarcaba desde el norte hasta el Gran Santo Domingo, evidencia que no se trata de delincuentes que operan de forma improvisada, sino de estructuras con logística, recursos y capacidad de adaptación al entorno dominicano.
A este cuadro se suma la detención de Lerby Belus, un ciudadano haitiano de 36 años capturado por labores de inteligencia de la Interpol en Santo Domingo, en la Autovía del Este, próximo al peaje de La Romana. En su poder se encontró un automóvil Hyundai Sonata con cuatro pasaportes de diferentes personas y dos mil cuatrocientos cincuenta dólares en efectivo. Su acompañante fue liberado tras confirmarse que no registraba antecedentes penales.
El dato que sacude el discurso del blindaje fronterizo
La acumulación de estos casos en un período corto de tiempo plantea una pregunta incómoda para las autoridades dominicanas: si los controles militares en la frontera funcionan de forma constante y efectiva, ¿cómo logran estos individuos no solo cruzar, sino establecerse y estructurar operaciones criminales en distintas provincias del país?
La ciudadanía observa con preocupación cómo presuntos prófugos con extensos historiales delictivos sortean una vigilancia que las autoridades describen como completamente impenetrable. La distancia entre el discurso oficial y la realidad documentada por los propios operativos policiales genera una tensión que va más allá de la seguridad fronteriza: toca directamente la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar el orden público.
La presencia activa de pandilleros haitianos en territorio dominicano no es, a la luz de estos hechos, un fenómeno esporádico. Es un patrón con nombres, alias, rutas y métodos documentados que exige respuestas concretas, no solo anuncios sobre la fortaleza de un sistema que los propios operativos de inteligencia demuestran, caso a caso, que tiene fisuras.

