By La madrugada del viernes marcó un punto de inflexión en una de las investigaciones anticorrupción más ambiciosas del país. Senasa 2.0, la segunda fase de las indagaciones que arrancaron con la Operación Cobra, se materializó en una serie de allanamientos simultáneos que terminaron con más de veinte personas detenidas, la mayoría médicos y prestadores de salud con presuntos vínculos a irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.
Lo que revelan los allanamientos de Senasa 2.0
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutó los operativos como parte de una ampliación directa de las indagaciones iniciadas con la Operación Cobra. El foco de las autoridades está puesto en médicos y prestadores que habrían cobrado al Seguro Nacional de Salud por servicios nunca prestados, según confirmaron varios abogados presentes en la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre los casos que comenzaron a trascender, el abogado Ramón Santos informó que representa a una doctora cirujana arrestada tras un allanamiento en Santo Domingo Este, y que hasta ese momento no se le habían comunicado formalmente los cargos en su contra. La mayoría de los letrados presentes en la PGR optaron por mantener en reserva la identidad de sus clientes y los centros de salud involucrados, a la espera de recibir la documentación judicial correspondiente.
El abogado Jorge Contreras fue más explícito: sus clientes enfrentan acusaciones de facturar procedimientos médicos que nunca se realizaron. Contreras también adelantó que altos ejecutivos de dos grandes farmacéuticas podrían estar implicados en esta fase de la investigación, lo que ampliaría considerablemente el alcance del caso más allá del sector médico.
El fraude estimado supera los RD$16,000 millones
El contexto de Senasa 2.0 no puede entenderse sin remontarse a su origen. La Operación Cobra, primera fase de estas investigaciones, incluyó entre sus imputados a Santiago Hazim, exdirector de Senasa, junto a otros funcionarios vinculados a la aseguradora estatal. El Ministerio Público investiga un supuesto fraude contra el Estado que se estima en cerca de RD$16,000 millones, una cifra que convierte este caso en uno de los más cuantiosos de la historia reciente del país.
Aunque la investigación inicial permanece abierta, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de cuatro meses para continuar las indagaciones, con un plazo fijado para el 11 de diciembre de 2026. Desde finales de 2025, la Procuraduría había advertido públicamente sobre la continuidad de las pesquisas, que también apuntan a médicos y centros privados relacionados con servicios facturados de forma irregular.
- Más de 20 médicos y prestadores de salud detenidos en los operativos del viernes.
- Acusaciones centradas en la facturación de procedimientos no realizados al Seguro Nacional de Salud.
- Posible implicación de altos ejecutivos de dos grandes farmacéuticas.
- Fraude estimado en aproximadamente RD$16,000 millones.
- Prórroga judicial vigente hasta el 11 de diciembre de 2026.
Las detenciones se produjeron en medio de un considerable despliegue en las afueras de la PGR, donde se registraron traslados de algunos de los arrestados hacia la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El número exacto de detenidos no ha sido confirmado oficialmente hasta el cierre de esta información.
El Colegio Médico y la respuesta del gremio
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, confirmó que hay más de 20 médicos detenidos, aunque aclaró que no puede certificar si todas las detenciones están directamente vinculadas al caso Senasa 2.0. La institución gremial tiene previsto emitir una declaración oficial sobre los operativos, una respuesta que el sector médico aguarda con atención dado el impacto que esta investigación podría tener sobre la práctica privada en el país.
Las acciones de este viernes representan una de las intervenciones más significativas desde que arrancó esta segunda fase investigativa. Se espera que la Procuraduría confirme en los próximos días los nombres de los implicados, los cargos formales que solicitará y el detalle de las operaciones bajo escrutinio. Para seguir el avance oficial del caso, puede consultarse el portal de la Procuraduría General de la República.
