La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ejecutó este martes una serie de allanamientos simultáneos en distintas localidades del país que resultaron en la detención de 22 médicos, todos trasladados a la Procuraduría General de la República para ser interrogados en el marco del caso denominado SeNaSa 2.0, la segunda fase de una investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos a través del Seguro Nacional de Salud.
Lo que revela el caso SeNaSa 2.0 sobre la magnitud del fraude
Los operativos se llevaron a cabo bajo órdenes de allanamiento y arresto emitidas por un juez del Distrito Nacional, lo que otorga respaldo judicial a una investigación que, según cifras preliminares manejadas en el expediente, podría involucrar maniobras con un impacto que supera los RD$15,000 millones. Las autoridades han aclarado, sin embargo, que esa cifra agrupa distintos conceptos y no debe interpretarse como un único monto defraudado.
Los allanamientos abarcaron residencias, consultorios, clínicas y otros establecimientos vinculados a los profesionales de la salud detenidos. El objetivo central de los operativos fue la incautación de documentación, registros contables y dispositivos electrónicos asociados a presuntas irregularidades en reclamaciones y facturaciones presentadas ante la ARS estatal. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha publicado un informe oficial que detalle los nombres de los implicados, las conductas que se les atribuyen ni los montos específicos correspondientes a esta nueva etapa.
La Operación Cobra, el antecedente que lo explica todo
El caso SeNaSa 2.0 no surge en el vacío. Es la continuación directa de la Operación Cobra, diseñada para desmantelar presuntas estructuras que habrían malversado recursos del Seguro Nacional de Salud durante años. La primera etapa de esa investigación dejó como resultado más visible el arresto del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, detenido en diciembre de 2025, junto a otros implicados en esa fase inicial.
Fue el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien anticipó en enero la llegada de esta segunda oleada de acciones judiciales, advirtiendo que otras personas relacionadas con la presunta sustracción de fondos serían llevadas ante los tribunales. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, había revelado en agosto que los fiscales estaban analizando millones de transacciones y una voluminosa cantidad de documentación para identificar responsabilidades adicionales no cubiertas en la primera etapa.
- Operativos ejecutados de forma simultánea en múltiples localidades del país.
- Allanamientos en residencias, consultorios, clínicas y establecimientos médicos.
- 22 médicos trasladados a la Procuraduría General de la República para interrogatorio.
- Órdenes emitidas por un juez del Distrito Nacional.
- Investigación centrada en irregularidades en reclamaciones y facturaciones a SeNaSa.
La investigación busca profundizar en la participación de personas y estructuras que no fueron incluidas en la primera etapa del caso. La información sobre los detenidos y las responsabilidades que podrían derivarse de los interrogatorios sigue sujeta al desarrollo de los procesos judiciales correspondientes, por lo que el perfil definitivo de los implicados en el caso SeNaSa 2.0 aún está por definirse ante los tribunales.

