By Wilson Joseph, líder de la banda haitiana 400 Mawozo, envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, solicitando la intervención del organismo internacional para prevenir una escalada de violencia en Haití. El documento, fechado el 1 de noviembre de 2026 en Croix-des-Bouquets, fue compartido en varios medios y plataformas digitales, y su autenticidad ha sido verificada.
Lo que revela la carta de 400 Mawozo a la ONU
En el texto, Joseph insta a abrir un diálogo entre las organizaciones armadas haitianas y las fuerzas internacionales presentes en el país, en un momento de particular tensión tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños en una emboscada el 18 de octubre. La carta señala como escenario central la llanura de Cul-de-Sac, zona donde opera una banda rival, y advierte que la población civil podría ser la más afectada por las operaciones militares en curso.
Entre las denuncias incluidas en el documento figura el caso de una niña de ocho años que supuestamente recibió un disparo en la cabeza, así como el riesgo que enfrentan mujeres embarazadas y otros civiles en las áreas intervenidas. Joseph también hace referencia a la advertencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien prometió destinar recursos para recuperar a los soldados desaparecidos, y argumenta que las respuestas militares pueden intensificar la violencia en comunidades densamente pobladas.
“Temo que esta situación conduzca a una escalada de la violencia y a represalias que perjudicarían a la población haitiana”, señala el documento. Joseph afirma haber manifestado su disposición al diálogo desde el 20 de agosto, cuando izó una bandera blanca, y solicita que la ONU envíe una delegación para facilitar esas conversaciones. La carta establece que está disponible para recibir a dicha delegación y participar en cualquier encuentro orientado a hallar una solución pacífica.
Por qué el contexto sacude la credibilidad del llamado
El llamado de Joseph no llega desde una posición neutral. Wilson Joseph figura en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde diciembre de 2023, incluido por su involucramiento en violaciones graves de derechos humanos, con atribuciones de asesinatos, secuestros y ataques contra civiles. Es, además, uno de los responsables del secuestro de 17 misioneros extranjeros en octubre de 2021, un caso que generó condena internacional.
Ese historial convierte su carta en un documento de lectura compleja: un líder armado sancionado por la ONU apelando a esa misma institución para frenar operaciones militares que, según él, amenazan a los civiles. Las acusaciones contenidas en el texto no han sido corroboradas de forma independiente, aunque Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó un aumento en los enfrentamientos y explosiones en la región de Cul-de-Sac, con 30 heridos atendidos entre el 18 y el 26 de octubre, entre ellos mujeres y niños. MSF, sin embargo, no vinculó esas lesiones a las tropas salvadoreñas.
Por su parte, la Fuerza de Supresión de Pandillas que opera en Haití negó las acusaciones de bombardeos aéreos y aseguró que los efectivos salvadoreños bajo su mando no utilizan explosivos en sus operaciones. El presidente Bukele respaldó esa posición públicamente. La tensión entre las versiones en disputa deja a la población civil de Cul-de-Sac atrapada en el centro de un conflicto cuya narrativa aún está siendo construida por todas las partes.
El peso humanitario detrás de la crisis en 400 Mawozo
Más allá de las disputas sobre responsabilidades, la situación en Haití acumula capas de vulnerabilidad que ningún comunicado puede ignorar. La región de Cul-de-Sac concentra una alta densidad poblacional, lo que convierte cualquier operación armada en un riesgo directo para miles de personas que no forman parte del conflicto. Los datos de MSF sobre heridos civiles en apenas ocho días ilustran la magnitud del daño colateral que ya se está produciendo.
La carta de 400 Mawozo a la ONU, independientemente de la credibilidad de su remitente, pone sobre la mesa una pregunta que las fuerzas internacionales no pueden eludir: ¿cómo se garantiza la protección de civiles en operaciones militares dentro de zonas urbanas controladas por grupos armados? La respuesta que dé —o no dé— el organismo internacional marcará el tono de su rol en el conflicto haitiano durante los próximos meses.
