By Brasil, la mayor economía de América Latina, vive este domingo una jornada electoral que definirá su rumbo para los próximos años. En la segunda vuelta presidencial se enfrentan el presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro, en lo que las encuestas anticipan como el balotaje más reñido desde el retorno de la democracia. Aproximadamente 159 millones de brasileños están convocados a las urnas, con centros de votación abiertos desde las 08:00 hasta las 17:00 hora local, y resultados esperados antes de que cierre la noche gracias al sistema de votación electrónica del país.
Lo que revelan las cifras de esta segunda vuelta
Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, llega a esta jornada con la ventaja de haber sido el candidato más votado en la primera ronda del 4 de octubre, donde obtuvo el 47% de los sufragios, dos puntos por encima de Lula. Sin embargo, esa distancia se ha evaporado en las semanas siguientes: el último sondeo de Datafolha sitúa a ambos aspirantes empatados con el 50% de los votos válidos, convirtiendo el resultado en una incógnita absoluta.
El desenlace promete ser incluso más ajustado que el de 2022, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro por poco más de dos millones de votos. Esta vez, el actual presidente debe remontar una diferencia de 2,2 millones de sufragios, una tarea que ningún candidato ha logrado en las nueve elecciones presidenciales celebradas desde el fin de la dictadura militar. La historia pesa sobre Lula, pero las encuestas sugieren que la tendencia le favorece.
Lula cambia de estrategia y Flávio responde a las sospechas
En las últimas tres semanas, Lula ha transformado radicalmente su campaña. Apostó por las redes sociales y organizó marchas multitudinarias en ciudades como Belo Horizonte y São Paulo, buscando movilizar a un electorado que en la primera vuelta no acudió en masa a su favor. Desde la presidencia, también impulsó medidas de impacto directo en la ciudadanía: la aprobación de una nueva jornada laboral, el perdón de deudas a trabajadores autónomos y propuestas para hacer el transporte público gratuito los fines de semana y festivos en casi 6.000 municipios. Flávio Bolsonaro calificó estas iniciativas de «electoreras», pero el efecto en la intención de voto fue innegable.
En el último debate televisivo antes del balotaje, Lula lanzó su mensaje más directo: «Me gustaría pedirles el voto porque o mantenemos la democracia funcionando o vamos a tener un miliciano gobernando este país». La frase resume la estrategia del oficialismo: convertir la elección en un referéndum sobre el modelo de país, más que en una evaluación de gestión.
Flávio Bolsonaro, por su parte, ha tenido que gestionar dos frentes simultáneos. El primero, desactivar el impacto de su supuesto plan de recorte de gastos públicos por 200.000 millones de reales —equivalentes a unos 40.300 millones de dólares—, asegurando que no tocará el apoyo a los sectores más vulnerables y que elevará el salario mínimo por encima de la inflación. El segundo, responder a nuevas informaciones publicadas en la prensa brasileña que lo vinculan a un caso de lavado de dinero relacionado con apuestas en línea, acusaciones que su equipo rechaza.
Una campaña que llevó la judicialización a niveles sin precedentes
Más allá del duelo entre candidatos, esta segunda vuelta ha dejado una huella institucional difícil de ignorar. El Tribunal Superior Electoral recibió más de 800 denuncias durante la campaña, un récord en la historia democrática del país. Entre las controversias más sonadas figura la actuación de Meta, propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, a la que Lula acusó públicamente de favorecer a su rival en la distribución de contenidos.
El equipo de Flávio Bolsonaro, a su vez, solicitó la anulación de la candidatura de Lula, alegando uso indebido de recursos públicos y difusión de noticias falsas desde el aparato del Estado. Ninguna de las dos acciones prosperó antes de la jornada electoral, pero ambas ilustran el nivel de tensión que rodea a esta segunda vuelta y que seguirá presente cuando se conozcan los resultados. Quien gane asumirá el poder el 5 de enero de 2027 con el mandato de gobernar un país profundamente dividido.
