By El Partido Revolucionario Moderno (PRM) avanza en la elaboración de un reglamento destinado a ordenar la competencia interna y regular las aspiraciones presidenciales de sus dirigentes, en un momento en que las tensiones dentro de la organización se han vuelto cada vez más visibles. El documento, según lo anunciado, será presentado el próximo jueves 12 de noviembre y busca establecer un marco normativo que garantice la convivencia institucional del partido.
Lo que revela el reglamento sobre la crisis interna del PRM
La información fue confirmada por Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), quien subrayó que, si bien los dirigentes tienen pleno derecho a expresar sus ideas y promover sus propuestas, estas actividades deben desarrollarse dentro de un marco que preserve la institucionalidad del partido. Para Ortiz Bosch, la existencia de un reglamento no contradice la libertad interna, sino que la encauza: es, en sus palabras, parte de la evolución democrática del PRM.
La necesidad de regular las aspiraciones presidenciales no surge en el vacío. El presidente Luis Abinader ya había planteado en junio de 2025 la creación de un protocolo de actuación para los dirigentes interesados en postularse, argumentando que la competencia interna no debía interrumpir el funcionamiento del Gobierno ni fracturar la unidad del partido. Ese llamado, que en su momento pareció preventivo, adquiere hoy una urgencia distinta.
Entre los episodios que han encendido las alertas figura un incidente reciente entre Jesús Vásquez Martínez y el ministro de Turismo, David Collado, que generó reacciones en cadena dentro de la organización. El hecho evidenció que las fricciones entre equipos que respaldan distintas figuras ya no son solo rumores de pasillo, sino episodios concretos con consecuencias políticas.
Raquel Peña y las aspiraciones presidenciales bajo fuego
En ese contexto, la vicepresidenta Raquel Peña tomó la palabra antes de que se conocieran los detalles del reglamento. En una intervención televisiva, denunció haber sido objeto de una campaña que calificó como “despiadada”, “sucia” y “grosera”, aclarando que los ataques no necesariamente provenían de la oposición. Peña aseguró haber estado al tanto de las acciones antes de que se hicieran públicas, pero decidió no intervenir para detenerlas.
Su mensaje fue doble: por un lado, un llamado a la convivencia interna; por otro, una defensa explícita de su trayectoria y su compromiso con la honradez en el servicio público. La vicepresidenta expresó su preocupación por el efecto disuasorio que este tipo de ataques puede tener sobre ciudadanos que consideran incorporarse al servicio público.
Ortiz Bosch, por su parte, se refirió directamente a Peña al ser consultada sobre las aspiraciones presidenciales dentro del partido. Sus palabras fueron reveladoras: “La vicepresidenta, que es una mujer que ha sido positiva para el país, quizás tiene que construir como la construí yo, como la construimos todos, la experiencia política”. Una frase que, leída en clave interna, sugiere que el camino hacia una candidatura presidencial aún requiere recorrido, independientemente del cargo que se ocupe.
Lo que el reglamento aún no dice
A pesar del anuncio, el contenido concreto del documento sigue siendo una incógnita. Ortiz Bosch no especificó las medidas ni las posibles sanciones que se incluirán, lo que deja abierta la pregunta sobre si el reglamento tendrá dientes reales o funcionará como un marco declarativo. Lo que sí quedó claro es el propósito general del instrumento:
- Regular la participación de los dirigentes en campañas internas.
- Establecer normas de conducta para los equipos que respaldan aspiraciones presidenciales.
- Garantizar que la competencia interna no afecte la unidad del partido ni el funcionamiento del Gobierno.
- Proveer mecanismos para una competencia justa entre los aspirantes.
El Partido Revolucionario Moderno enfrenta así el desafío de institucionalizar una disputa que ya está en marcha. El reglamento que se presentará el 12 de noviembre será la primera prueba de si la organización es capaz de gestionar sus aspiraciones presidenciales internas con reglas claras o si, por el contrario, las tensiones seguirán escalando sin un árbitro efectivo.
