By Amnistía Internacional lanzó un llamado urgente a los gobiernos de Haití y El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco del despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños en Puerto Príncipe, una operación que ha encendido las alarmas de organismos internacionales sobre el control, la transparencia y las consecuencias humanitarias de una intervención militar en uno de los territorios más convulsos del hemisferio.
Lo que exige Amnistía Internacional a Bukele y Fils-Aimé
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, fue directa en su comunicado: tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tienen la obligación de asegurar que las operaciones militares se ajusten al derecho internacional. Piquer subrayó que el compromiso público de Fils-Aimé de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías concretas y verificables, no en declaraciones de intención.
La organización exigió que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que respalda el despliegue, detallen cómo se supervisa a las fuerzas desplegadas, qué reglas regulan el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y, de forma crítica, cómo pueden los ciudadanos haitianos denunciar posibles violaciones sin temor a represalias. La ausencia de respuestas a estas preguntas, advirtió AI, no es un detalle administrativo: es el núcleo del problema.
El contexto que explica por qué los derechos humanos están en riesgo
Las bandas armadas controlan hoy gran parte de Puerto Príncipe, una realidad que llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar, en septiembre de 2025, el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) junto a la Policía Nacional Haitiana (PNH). Sin embargo, la intervención salvadoreña añade una capa de complejidad que los mecanismos existentes no estaban diseñados para gestionar.
Bukele justificó el envío del contingente alegando la necesidad de asistir en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en el distrito de Croix-des-Bouquets. Pero la escala del despliegue —más de 2.000 efectivos— y la falta de claridad sobre su cadena de mando generaron interrogantes inmediatos. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó que la mayoría de esos soldados no forman parte de la GSF, lo que los excluye de los mecanismos de supervisión de Naciones Unidas.
Esa exclusión no es menor. Significa que una fuerza de más de dos mil hombres opera en territorio haitiano sin estar sujeta a los protocolos de rendición de cuentas que rigen a la misión internacional. Tampoco está claro si actúan de forma independiente o en coordinación con la PNH y la GSF, una ambigüedad que, según AI, puede agravar la ya crítica situación humanitaria.
Niños reclutados y víctimas invisibles: lo que nadie debe ignorar
Amnistía Internacional amplió su llamado más allá de las operaciones militares. La organización advirtió que cualquier intervención de seguridad en Haití debe contemplar la protección específica de los niños, en particular aquellos reclutados por las bandas armadas. Atenderlos requiere personal capacitado y protocolos de atención especializada que no pueden improvisarse en medio de un operativo.
AI también exigió que el uso de la fuerza cumpla estrictamente con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y reclamó investigaciones rápidas e imparciales ante cualquier denuncia de violación de derechos humanos. En paralelo, pidió que se esclarezca el paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos y exigió su liberación inmediata y sin daño en caso de estar en poder de alguna banda armada.
- Publicación del acuerdo bilateral que respalda el despliegue militar.
- Definición clara de las reglas de uso de la fuerza para las tropas salvadoreñas.
- Mecanismos accesibles para que civiles haitianos denuncien violaciones sin represalias.
- Protocolos especializados para la atención de menores reclutados por pandillas.
- Investigaciones imparciales sobre posibles abusos cometidos durante las operaciones.
- Esclarecimiento del paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos.
El primer ministro Fils-Aimé ha declarado que su gobierno busca eliminar el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado. Es un objetivo que la comunidad internacional comparte. Pero Amnistía Internacional advierte que el camino hacia ese objetivo no puede construirse sobre la opacidad ni sobre la ausencia de controles. La población haitiana, señala la organización, tiene derecho a vivir sin miedo, y ese derecho no puede ser la primera víctima de la estrategia diseñada para protegerlo. Más información sobre el mandato de la misión internacional está disponible en el sitio oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
