By Amnistía Internacional ha expresado su rechazo al nuevo Código Penal promulgado recientemente en la República Dominicana, el cual mantiene la penalización total del aborto en el país y deja de lado demandas clave de la sociedad civil para proteger los derechos humanos y la igualdad de género.
Reacciones tras la promulgación del nuevo Código Penal en República Dominicana
El presidente Luis Abinader promulgó el nuevo Código Penal el 3 de agosto, posterior a un extenso proceso legislativo. No obstante, Amnistía Internacional señaló que tanto el poder legislativo como el ejecutivo han ignorado las exigencias de la sociedad civil y figuras públicas que solicitaban una revisión integral. Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas, manifestó que la decisión de Abinader “consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género”, y enfatizó la necesidad de una legislación que garantice los derechos humanos en vez de mantener la prohibición absoluta del aborto, la cual pone en peligro la vida y salud de miles de mujeres.
Deficiencias identificadas por Amnistía Internacional
- Tasa de mortalidad materna elevada: La República Dominicana presenta cifras altas en la región, con estimaciones que indican que al menos el 10% de estas muertes están asociadas a abortos inseguros.
- Violencia y discriminación de género: El nuevo código prescribe la acción penal por violencia sexual contra mujeres adultas, tipifica inadecuadamente la violencia en contexto de pareja y omite sanciones contra la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género.
- Crítica a la visión patriarcal: Johanna Cilano Pelaez resaltó que las omisiones reflejan una visión orientada a controlar los cuerpos y decisiones de las mujeres.
Solicitudes de enmienda y repercusiones para los derechos humanos
Mediante un comunicado, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades y al Congreso Nacional enmendar el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026, asegurando que la igualdad de género y la protección de mujeres y personas LGBTIQ+ sean pilares en la legislación penal. La repercusión de estas medidas podría afectar significativamente la seguridad y derechos de las mujeres en la República Dominicana, incrementando la presión nacional e internacional para una revisión urgente del texto legal antes de su implementación.
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