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Abinader busca equilibrio comercial con EE. UU. por arroz

Abinader busca equilibrio comercial con EE. UU. por arroz

El presidente Luis Abinader ha colocado la búsqueda de un equilibrio comercial con Estados Unidos en el centro de su agenda diplomática, en un momento en que las tensiones por el arroz, los aranceles y los compromisos del DR-Cafta ponen a prueba la relación bilateral. La presión de Washington sobre Santo Domingo es real, y la respuesta dominicana combina negociación activa con protección de sectores estratégicos.

El equilibrio comercial que Abinader puso sobre la mesa

Durante un foro sobre inversión y nearshoring, Abinader fue directo: su administración trabaja para alcanzar un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos en el menor tiempo posible. “Su principal objetivo es negociar un acuerdo recíproco de tarifas, como debe ser para la República Dominicana”, declaró, en referencia a las gestiones que encabeza el canciller Víctor -Ito- Bisonó. La frase no es retórica: detrás de ella hay una disputa concreta sobre quién cumple qué en el marco del tratado comercial vigente.

El contexto inmediato es un desacuerdo de fondo entre Washington y el Gobierno dominicano sobre la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), especialmente en lo que respecta a la apertura del mercado arrocero. Lo que para Estados Unidos es un incumplimiento de calendario, para Santo Domingo es una decisión soberana de protección económica.

Por qué el arroz sacude toda la negociación

El arroz se ha convertido en el epicentro del conflicto comercial bilateral. Según el calendario de desgravación pactado en el DR-Cafta, República Dominicana debería haber eliminado los aranceles al arroz estadounidense a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, el Gobierno dominicano optó por una ruta distinta: el Decreto 693-24 establece la entrada libre de aranceles de 23,300 toneladas métricas de arroz proveniente de Estados Unidos, pero aplica un arancel del 99 % para cualquier volumen que supere ese límite.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha expresado su preocupación de forma explícita, señalando que la República Dominicana se comprometió a eliminar los aranceles sobre productos agrícolas estadounidenses desde enero de 2025 y que las medidas adoptadas podrían contravenir esas obligaciones. La posición dominicana, en cambio, parte de una premisa distinta: una apertura total del mercado arrocero tendría consecuencias económicas y sociales que el país no está en condiciones de absorber.

Y no es una preocupación menor. El arroz involucra una cadena productiva que atraviesa numerosas provincias del país e incluye a:

  • Productores y trabajadores agrícolas
  • Fábricas de procesamiento y almacenamiento
  • Transportistas y comerciantes
  • Proveedores de insumos y servicios conexos

Detrás del debate arancelario hay, en realidad, una discusión sobre seguridad alimentaria, empleo rural y estabilidad económica en regiones que dependen directamente de este cultivo.

El decreto que amplía el frente de la disputa

La agenda comercial no se agota en el arroz. El presidente Abinader también ha implementado el Decreto 502-26, mediante el cual su administración establece medidas administrativas para prevenir, identificar, verificar y prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. La medida amplía el frente de la relación comercial con Estados Unidos y sitúa a República Dominicana en línea con estándares internacionales que Washington ha impulsado en sus acuerdos de libre comercio. En ese sentido, el Gobierno dominicano no solo negocia desde una posición defensiva, sino que también construye argumentos de reciprocidad que refuerzan su postura en la mesa de negociación.

El equilibrio comercial que Abinader persigue no es, por tanto, un concepto abstracto: es la búsqueda de condiciones que permitan a República Dominicana mantener las ventajas del intercambio bilateral con su principal socio comercial sin sacrificar sectores que sostienen el empleo y la producción nacional. La negociación está abierta, y sus resultados definirán el perfil económico del país en los próximos años.

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