By La Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (Adocalza) salió a defender públicamente la producción nacional en uno de los contratos más sensibles del sistema educativo dominicano: la adquisición de calzado escolar para el ciclo 2026-2027. Con un pronunciamiento que mezcla respaldo institucional y una advertencia velada al mercado, la gremial reafirmó que fabricar no es lo mismo que importar, y que esa distinción debe pesar en las decisiones del Estado.
El respaldo al Inabie que marca una posición
Adocalza expresó su apoyo a los métodos de evaluación que aplica el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) en el proceso de compra de calzado escolar, y saludó además la supervisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Para la asociación, la presencia de este organismo no es un trámite burocrático, sino una garantía de transparencia que fortalece la objetividad con la que deben ser evaluados todos los oferentes.
El punto central del respaldo gira en torno a una nueva metodología de evaluación que correlaciona tres variables concretas: la capacidad instalada de cada empresa, el inventario de maquinarias disponibles y la mano de obra registrada formalmente en el sistema de Seguridad Social. Este cruce de datos, según Adocalza, permite medir con mayor precisión si un participante tiene la capacidad real de producir los volúmenes que promete entregar, y no solo la intención comercial de hacerlo.
Lo que separa a un fabricante de un intermediario
La asociación fue cuidadosa en su lenguaje, pero directa en su argumento: los fabricantes nacionales aprobados en este proceso son miembros de Adocalza, poseen fábricas físicas, tienen empleados y acumulan un legado productivo construido a lo largo de años. No son empresas creadas exclusivamente para participar en contratos públicos, sino estructuras productivas que operan durante todo el año, generan empleo sostenido y tienen la capacidad logística para cumplir con los despachos en los tiempos requeridos.
Ese último punto no es menor. Que los estudiantes reciban su calzado escolar a tiempo depende directamente de que el proveedor adjudicado pueda producir y entregar según el cronograma acordado. Una empresa sin planta de producción propia, sin maquinaria ni nómina verificable, enfrenta riesgos operativos que una metodología de evaluación rigurosa debería detectar antes de que se firme el contrato.
- Capacidad instalada verificable en planta física
- Maquinaria disponible para producción a escala
- Mano de obra registrada en la Seguridad Social
- Historial productivo previo a la licitación
- Operación continua durante todo el año
Sin atacar a importadores, pero con una línea clara
Adocalza fue explícita en señalar que su posición no cuestiona la labor legítima de importadores, distribuidores o comercializadores. Esos actores tienen un rol válido en la economía, pero ese rol no es equivalente al de un fabricante nacional. La asociación considera esencial que el Estado dominicano establezca y respete esa diferencia al momento de adjudicar contratos que involucran producción local, empleo formal y desarrollo industrial.
El mensaje de fondo es que el proceso de adquisición de calzado escolar para el ciclo 2026-2027 no debería tratarse como una simple compra de producto terminado, sino como una decisión con impacto directo en la industria manufacturera nacional. Premiar a quienes fabrican sobre quienes solo distribuyen es, para Adocalza, una forma concreta de política industrial aplicada desde la contratación pública. Más información sobre los estándares del proceso puede consultarse en el portal oficial de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
