By La Federación Dominicana de Productores de Arroz lanzó un llamado urgente al Gobierno para que establezca mecanismos formales que permitan contratar legalmente a trabajadores haitianos en las zonas agrícolas del país. La petición, formulada durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, pone sobre la mesa una tensión que el sector arrastra en silencio: sin mano de obra haitiana regularizada, la producción arrocera dominicana enfrenta una vulnerabilidad estructural que los operativos migratorios han vuelto imposible de ignorar.
Por qué el arroz dominicano depende de trabajadores haitianos
El presidente de la Federación, Marco Rodríguez, fue directo al exponer la situación: el sector agropecuario tiene una dependencia profunda de la fuerza laboral extranjera, y en particular de los trabajadores haitianos, cuya presencia resulta determinante para sostener los ciclos de siembra y recolección. No se trata, según explicó, de una preferencia por salarios más bajos, sino de una escasez real de mano de obra dominicana dispuesta a realizar ciertas labores del campo.
El representante Juan Pablo Pérez aportó cifras concretas: los trabajadores reciben entre RD$1,100 y RD$1,500 por jornada, dependiendo de la región y el tipo de actividad, y perciben la misma remuneración que sus pares dominicanos por labores equivalentes. Las jornadas varían según las necesidades de cada finca: algunos trabajadores inician a las siete de la mañana y concluyen al mediodía, mientras otros cumplen turnos divididos. Este esquema representa un gasto significativo para las explotaciones agrícolas, pero los productores lo asumen como una necesidad operativa, no como una ventaja de costos.
Ante la dificultad creciente para acceder a esta fuerza laboral, el sector ha comenzado a virar hacia la mecanización. Pérez señaló que los productores están adoptando maquinaria y nuevas tecnologías para reducir la dependencia del trabajo manual, aunque reconoció que esta transición no puede ocurrir de forma inmediata ni cubre todas las etapas del proceso productivo.
Lo que revelan los operativos migratorios en las zonas productivas
El verdadero punto de quiebre que motivó el llamado de los arroceros no es la contratación en sí, sino las consecuencias de los controles migratorios sobre la logística del campo. Rodríguez describió las tensiones que enfrentan los productores al trasladar trabajadores entre parcelas y fábricas, especialmente en provincias cercanas a la frontera, donde la presencia simultánea de trabajadores dominicanos y haitianos puede derivar en complicaciones ante las autoridades migratorias.
El impacto no es solo operativo: es también de calidad. El arroz, una vez cosechado, debe ser trasladado con rapidez a las fábricas para preservar sus condiciones comerciales. Cualquier retraso provocado por un operativo migratorio en plena recolección puede traducirse en pérdidas directas para el productor. Esta cadena de consecuencias es la que los arroceros quieren cortar con una regulación clara.
La propuesta de la Federación no plantea una excepción a las leyes migratorias, sino un procedimiento adaptado a la realidad del campo: identificar formalmente a los extranjeros que trabajan en las fincas, incorporarlos a los sistemas de seguridad social y garantizar que los productores puedan operar con certeza jurídica. Rodríguez subrayó que la iniciativa respeta las regulaciones migratorias y los principios de seguridad nacional.
La dinámica fronteriza que ya existe en Dajabón
Waskar Sigoyen, representante de productores en la provincia de Dajabón, describió una modalidad laboral que ya funciona de facto en esa zona fronteriza: trabajadores haitianos ingresan cada mañana para realizar actividades específicas y regresan a su país al finalizar la jornada. Este esquema de contratación diaria es utilizado tanto por empresas como por productores agrícolas individuales y, a pesar de los operativos migratorios en la región, sigue siendo la solución práctica que el mercado laboral ha encontrado por su cuenta.
Lo que los arroceros piden, en esencia, es que el Estado formalice lo que ya ocurre en el terreno. La Federación Dominicana de Productores de Arroz argumenta que regularizar la mano de obra haitiana no solo protegería a los trabajadores, sino que también daría a los productores la estabilidad que necesitan para planificar sus ciclos productivos sin el riesgo de ver paralizadas sus operaciones en los momentos más críticos del año agrícola.
