By Un grupo de contratistas de obras escolares elevó su voz ante el Gobierno dominicano para exigir el pago de trabajos de mantenimiento correctivo ya ejecutados en planteles públicos del país. La demanda, que llega acompañada de una solicitud formal sobre la continuidad institucional del proceso, pone en evidencia las tensiones acumuladas entre el sector privado de la construcción y la administración pública en materia de infraestructura educativa.
El reclamo que sacude al sector de obras escolares
Los contratistas denunciaron que han financiado con recursos propios la adecuación de centros educativos a lo largo del territorio nacional, sin recibir los pagos correspondientes en los plazos acordados. La situación, lejos de ser un caso aislado, refleja un patrón que compromete la capacidad operativa de las empresas involucradas y su posibilidad de honrar los compromisos contraídos durante la ejecución de las obras.
Según el testimonio de uno de los contratistas, citado por José Ariel Media, los pagos parciales solo se han concretado en cuatro de las 18 regionales educativas del país. El dato es revelador: más del 77% de las regionales permanece sin recibir desembolso alguno, lo que convierte el reclamo en una demanda sistémica y no en una queja puntual.
La incertidumbre detrás del posible cambio de comisionado
El trasfondo político del reclamo añade una capa de urgencia al conflicto. La inquietud de los contratistas surge ante la posibilidad de que Julio Ramón Cordero Espaillat, actual comisionado presidencial para la revisión y fiscalización de los contratos de mantenimiento correctivo de infraestructura escolar, sea designado como embajador en Turquía. Un movimiento de ese tipo, sin una transición ordenada, podría dejar en el limbo cientos de expedientes y pagos pendientes.
Ante ese escenario, los contratistas han dirigido una solicitud formal a la Presidencia de la República con un conjunto de condiciones mínimas para garantizar la continuidad del proceso. Sus peticiones son concretas y apuntan directamente a la gestión administrativa:
- Entrega formal de los expedientes al nuevo responsable designado, en caso de que Cordero Espaillat sea reubicado.
- Continuidad en los trámites de pago sin interrupciones por el cambio de funcionario.
- Información actualizada sobre el estado de cada expediente en proceso.
- Creación de un calendario de desembolsos para las obras ya ejecutadas.
La lista de demandas no es caprichosa. Responde a una lógica de transparencia y trazabilidad que cualquier proceso de contratación pública debería garantizar por defecto, pero que en la práctica suele quedar subordinada a los vaivenes de la rotación de funcionarios.
Lo que está en juego más allá del pago
El conflicto trasciende la disputa económica entre contratistas y el Estado. En el fondo, lo que está en juego es la credibilidad del modelo de mantenimiento correctivo de obras escolares como mecanismo viable para mejorar la infraestructura educativa pública. Si las empresas que ejecutan estos trabajos no reciben pagos oportunos, el incentivo para participar en futuros procesos se erosiona, y con él, la capacidad del Estado de mantener en condiciones adecuadas los planteles donde estudian miles de niños y jóvenes dominicanos.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana y la Presidencia de la República son los actores con mayor responsabilidad para resolver esta situación. La designación oportuna de un nuevo comisionado, acompañada de una hoja de ruta clara para los desembolsos pendientes, sería el primer paso para restablecer la confianza de un sector que, por ahora, espera respuestas concretas antes de comprometer nuevamente sus propios recursos en obras escolares del Estado.
