By Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana acumulan más de doce años incumpliendo una ley que ellas mismas están obligadas a respetar. La Ley 139-13, promulgada en septiembre de 2013, fijó un plazo de seis años para reducir el número de generales a los niveles que la normativa considera razonables. Ese plazo venció hace tiempo, pero las cifras apuntan en dirección contraria: en lugar de reducirse, el número de altos mandos ha crecido.
El número que revela el incumplimiento
El artículo 262 de la Ley 139-13 establece una fórmula clara: las Fuerzas Armadas deben contar con un general de brigada o almirante por cada 1,000 miembros activos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Con una fuerza militar activa de 63,000 efectivos, el techo legal se sitúa en aproximadamente 63 generales. La realidad actual casi duplica esa cifra.
Según los datos disponibles, las tres ramas suman actualmente alrededor de 103 generales en funciones, lo que supera en 40 oficiales el límite permitido por la ley. La distribución por institución es la siguiente:
- Ejército: 58 generales
- Fuerza Aérea: 26 generales
- Armada: 19 generales
Cada una de estas tres ramas supera individualmente la proporción que la ley autoriza, lo que convierte el desbordamiento en un problema sistémico y no en una anomalía puntual.
Ascensos que contradicen la intención de la ley
El artículo 264 de la misma normativa es igualmente preciso: los ascensos a general o almirante solo pueden producirse cuando exista una plaza disponible y sin rebasar el límite de un oficial por cada mil efectivos. Sin embargo, la práctica institucional ha convertido esta disposición en letra muerta. El patrón que se repite es siempre el mismo: se retiran algunos oficiales y, casi de forma simultánea, se ascienden otros en número casi equivalente, neutralizando cualquier avance hacia la reducción.
El ejemplo más reciente ocurrió en febrero de este año, cuando el Poder Ejecutivo retiró a 11 altos oficiales pero ascendió a 9 coroneles al rango de general. El resultado neto fue una reducción de apenas dos plazas, un ritmo que haría falta mantener durante décadas para alcanzar el límite legal.
A esto se suma el incumplimiento del artículo 157, que establece el retiro obligatorio al cumplir diez años en el rango de general o almirante, salvo que el oficial ocupe una posición específica dentro del Estado. Esta disposición tampoco se ha aplicado con rigor, permitiendo que varios oficiales permanezcan en sus cargos más allá del tiempo que la ley considera adecuado.
El problema se extiende a los coroneles
La sobrepoblación de altos mandos en las Fuerzas Armadas no se limita al rango de general. La cantidad de coroneles también ha generado preocupación entre quienes analizan la estructura institucional. Actualmente hay más de 1,300 oficiales en ese rango, distribuidos de la siguiente manera:
- Ejército: 617 coroneles
- Fuerza Aérea: 440 coroneles
- Armada: 247 coroneles
Lo que agrava la situación es que algunos de estos oficiales llevan más de veinte años en el mismo rango y han superado la edad máxima permitida por la ley, lo que sugiere que los mecanismos de retiro tampoco funcionan con la regularidad que la normativa exige.
Un patrón que va más allá del cuartel
La situación de las Fuerzas Armadas no es un caso aislado dentro del aparato de seguridad del Estado dominicano. Un patrón similar se observa en la Policía Nacional, donde también se cuestiona el número de altos rangos en relación con lo que dictan sus propias regulaciones. En ambas instituciones, la brecha entre la norma escrita y la práctica real plantea interrogantes sobre la voluntad política de aplicar las leyes que el propio Estado ha promulgado.
La Ley 139-13 fue concebida precisamente para fomentar la transparencia, el equilibrio institucional y una estructura de mando proporcional al tamaño real de la fuerza. Doce años después de su promulgación, y seis años después de que venciera el plazo de transición, el incumplimiento no es una tendencia: es ya una constante que demanda una respuesta institucional concreta.
