By Un nuevo escándalo sacude al director del CEA y director general de Bienes Nacionales, Rafael Abraham Burgos Gómez, acorralado ahora por una doble presión: denuncias públicas sobre el despojo de tierras a ciudadanos que ya las pagaron y una querella formal por presunto acoso sexual y violencia de género. Las acusaciones, que se acumulan en distintos frentes, elevan la tensión sobre uno de los funcionarios más cuestionados del actual gobierno dominicano.
Lo que revela la denuncia sobre tierras en el CEA
La alarma fue encendida por Jaime Rincón a través de la red social X, donde denunció que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) estaría intentando despojar de sus parcelas a ciudadanos que ya han cumplido con sus pagos, incluso a quienes cuentan con sentencias judiciales favorables. Según Rincón, la institución se ha negado sistemáticamente a entregar los documentos de titulación que corresponden a estos propietarios, dejándolos en un limbo legal pese a haber ganado en los tribunales.
La gravedad del señalamiento radica en que no se trata de casos aislados ni de disputas en etapa inicial: son ciudadanos que pagaron, litigaron y ganaron, pero que aún no pueden acceder a la documentación que les pertenece. Esta negativa institucional, de confirmarse, representaría una violación directa a decisiones del poder judicial y una vulneración al derecho de propiedad de personas que cumplieron con todas las exigencias legales y administrativas.
Las afirmaciones han generado preocupación en sectores vinculados a la gestión de tierras del Estado, donde la transparencia en la asignación y titulación de parcelas ha sido históricamente un punto sensible. El hecho de que la denuncia apunte directamente a la cúpula del CEA añade una dimensión política que dificulta cualquier respuesta institucional que no pase por el propio señalado.
La querella por acoso sexual que complica aún más al director del CEA
Paralelamente, Burgos Gómez enfrenta una acción legal de mayor gravedad en el plano penal. Johanny Villamán Espino, subdirectora general de Bienes Nacionales, presentó ante la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional una querella formal por presunto acoso sexual y violencia de género contra el funcionario. La instancia, que incluye constitución en actor civil, fue elaborada por los abogados Carlos Novas Méndez y Rafael O. Ciprián M.
El hecho de que la denunciante sea la propia subdirectora general de la institución que él dirige convierte este caso en algo más que una denuncia individual: es una acusación interna que expone las dinámicas de poder dentro de Bienes Nacionales y plantea interrogantes sobre el clima institucional bajo su gestión. La constitución en actor civil indica, además, que la querellante busca no solo una respuesta penal, sino también una reparación por los daños sufridos.
- Denunciante: Johanny Villamán Espino, subdirectora general de Bienes Nacionales
- Tribunal: Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional
- Cargos: presunto acoso sexual y violencia de género
- Abogados: Carlos Novas Méndez y Rafael O. Ciprián M.
- Modalidad: querella con constitución en actor civil
Ambos frentes —el administrativo y el penal— confluyen sobre un mismo funcionario que acumula cargos de alto perfil en el Estado dominicano. La simultaneidad de los señalamientos, provenientes de fuentes distintas y por vías diferentes, refuerza la presión pública y política sobre Rafael Abraham Burgos Gómez y sobre las instituciones que encabeza. El Consejo Estatal del Azúcar y Bienes Nacionales, dos entidades con amplio poder sobre el patrimonio territorial del Estado, quedan en el centro del debate sobre transparencia y buen gobierno en la actual administración.
