By El caso Jet Set llegó este miércoles a un punto de inflexión. Tras concluir la audiencia preliminar, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, anunció que reservará su fallo para el próximo 15 de junio a las 10:00 de la mañana, cuando decidirá si los propietarios de la discoteca son enviados a juicio por la muerte de 236 personas y las heridas de otras 180 en el colapso del techo del establecimiento.
Lo que el juez deberá resolver el 15 de junio
El magistrado tiene sobre la mesa los argumentos del Ministerio Público, los abogados de las víctimas y la defensa de los imputados, Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club. Ambos enfrentan cargos de homicidio involuntario, aunque la fiscalía ha planteado que la calificación jurídica podría ajustarse a culpa consciente, una figura que implica que los acusados conocían el riesgo y actuaron de todas formas. Esa distinción, si el tribunal la acoge, podría tener consecuencias directas sobre la severidad de la condena.
Durante la audiencia, familiares de las víctimas tomaron la palabra para relatar cómo la tragedia transformó sus vidas. Sus testimonios pusieron rostro humano a una cifra que, de otro modo, corre el riesgo de volverse abstracta: 236 personas que no salieron con vida de una noche en una discoteca del Distrito Nacional.
El caso Jet Set y la evidencia que señala a los propietarios
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, fue enfático al salir de la audiencia: espera que el juez ordene el juicio y confía en que las pruebas reunidas son suficientes para sostener la acusación. Según explicó, la investigación incluyó la designación de una comisión de peritos, entre ellos un experto internacional, cuyas conclusiones apuntan a una causa concreta del derrumbe.
“El derrumbe se debió al sobrepeso en el techo”, afirmó Camacho. La fiscalía sostiene que los propietarios instalaron seis sistemas de climatización de gran tamaño sobre la estructura sin realizar estudios técnicos que verificaran la capacidad del edificio para soportar ese peso adicional. Lejos de ser una omisión accidental, el Ministerio Público alega que los imputados conocían los problemas estructurales del techo y optaron por soluciones de bajo costo en lugar de atenderlos correctamente.
Como respaldo de esa tesis, la fiscalía presentó reportes internos, fotografías, videos y comunicaciones entre empleados del club que, según la acusación, evidencian que las deficiencias estructurales eran conocidas dentro del establecimiento antes del colapso. Esa cadena de evidencia es la que el juez Mejía deberá valorar para determinar si existe mérito suficiente para llevar el caso Jet Set a juicio oral.
Lo que revela la limitación del Código Penal vigente
Más allá de los hechos probados, Camacho abrió otro frente de debate al señalar que el marco legal actual presenta restricciones que complican una respuesta judicial proporcional a la magnitud de la tragedia. “El sistema actual no permite correlacionar la sanción con el dolor que han sufrido las cientos de víctimas por la irresponsabilidad de los administradores de esta discoteca”, declaró el funcionario.
La advertencia no es menor. Si el juez envía a juicio a los Espaillat bajo la figura del homicidio involuntario, las penas máximas aplicables podrían resultar desproporcionadamente bajas frente a la escala de la tragedia. Es precisamente por eso que la fiscalía insiste en la calificación de culpa consciente: una vía que, de prosperar ante el tribunal, abriría la puerta a sanciones más severas y, según el Ministerio Público, más acordes con la responsabilidad que los imputados habrían tenido en los hechos.
El proceso ha sido seguido de cerca por organizaciones de víctimas y sus representantes legales, quienes también presentaron sus argumentos durante la audiencia. Para ellos, el fallo del 15 de junio no es solo un trámite procesal: es la primera señal concreta de si el sistema judicial dominicano está dispuesto a llevar este caso Jet Set hasta sus últimas consecuencias. Más información sobre el proceso judicial puede consultarse en el portal del Ministerio Público de la República Dominicana.
