By El reloj corre en el Congreso de la República Dominicana. Con apenas 24 días antes de que la Ley 74/25 entre en vigor el 3 de agosto, los legisladores se aprestan a modificar 18 artículos del Código Penal en respuesta a una presión ciudadana que ya tomó las calles y llegó hasta el Tribunal Constitucional. La urgencia no es retórica: la actual legislatura tiene solo 16 días de vida antes de cerrar, lo que convierte este proceso en una carrera contra el tiempo con consecuencias directas para la libertad de expresión, el ejercicio médico y los derechos fundamentales de los dominicanos.
El Código Penal en el centro de la tormenta política
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, envió el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo a una comisión bicameral y se comprometió públicamente a aprobar los cambios dentro del plazo establecido. La iniciativa recoge las observaciones de juristas, académicos, comunicadores y ciudadanos, según un comunicado oficial del Senado, y busca fortalecer el texto antes de que la ley adquiera plena vigencia.
La decisión de actuar ahora no surgió en el vacío. El Ministro de Justicia, Antoliano Peralta, recomendó implementar la nueva ley y presentar posteriormente una iniciativa para atender las solicitudes de modificación de diversos sectores. Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) fue más lejos: instó a extender la vacatio legis para evaluar con mayor profundidad las demandas de cambio, una postura que refleja la magnitud de las dudas que genera el texto actual.
Las protestas en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos registrados en varios sectores del país marcaron el punto de inflexión. Lo que comenzó como críticas técnicas de juristas y médicos se convirtió en una movilización ciudadana que obligó al Congreso a acelerar su respuesta.
Lo que revelan los 18 artículos que serán modificados
Las enmiendas no son cosméticas. Los 18 artículos que serán revisados tocan áreas sensibles del ordenamiento jurídico dominicano, y cinco de ellos están directamente vinculados a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- El artículo 123 sobre ciberbullying, que será ajustado para evitar interpretaciones que limiten la libertad de expresión en entornos digitales.
- El artículo 192 sobre difusión de material sin consentimiento, que se modificará para fortalecer el derecho a la intimidad sin afectar el ejercicio periodístico.
- El artículo 208 sobre difamación, que será redefinido para garantizar una interpretación más precisa y proporcional.
- Los artículos sobre hostigamiento y exhibicionismo sexual, que se revisarán para una aplicación más objetiva de la normativa.
- Disposiciones relacionadas con la protección de la niñez, la responsabilidad penal y la lucha contra la corrupción.
La amplitud de los cambios evidencia que las críticas al Código Penal no se concentraban en un solo punto, sino que atravesaban transversalmente varias de sus disposiciones más relevantes.
Médicos y periodistas: los sectores que más presionaron
Dos sectores protagonizaron la oposición más organizada a la Ley 74/25. El Colegio Médico Dominicano presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional argumentando que la normativa criminaliza el ejercicio médico y puede derivar en juicios por fallos clínicos no intencionales, con un impacto desproporcionado sobre quienes trabajan en la salud pública. Para los médicos, la ley tal como estaba redactada convertía la práctica clínica en un campo minado legal.
Por su parte, comunicadores y organizaciones de prensa alertaron sobre los riesgos que el artículo 208 sobre difamación y el artículo 310 sobre ultraje representaban para el periodismo de investigación. Ambos artículos concentran varios de los recursos legales presentados ante el Tribunal Constitucional, lo que añade una dimensión judicial al debate que el Congreso no puede ignorar.
Adicionalmente, diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado recursos para despenalizar el aborto en tres causales, un debate que se superpone al proceso de modificación del Código Penal y que añade presión política adicional sobre los legisladores en un plazo ya de por sí ajustado.
Una reforma que llega tarde pero que no puede esperar
El escenario que enfrenta el Congreso dominicano es paradójico: debe corregir en días lo que no se resolvió en meses de debate legislativo. La comisión bicameral tiene sobre sus hombros la responsabilidad de procesar las observaciones de múltiples sectores, redactar enmiendas técnicamente sólidas y aprobarlas antes de que la legislatura cierre y antes de que el Código Penal entre en vigor con sus disposiciones más cuestionadas intactas.
Lo que está en juego no es solo la redacción de 18 artículos. Es la credibilidad del proceso legislativo dominicano y la confianza de ciudadanos, médicos y periodistas en que el Código Penal que los regirá a partir del 3 de agosto respeta sus derechos fundamentales. La presión que llevó a esta reforma exprés no desaparecerá con la aprobación de los cambios; seguirá siendo el termómetro con el que la sociedad medirá si el Congreso estuvo a la altura del momento.
