By Una multitud tomó las calles de San Juan de la Maguana este domingo para rechazar el Proyecto Romero, la iniciativa minera impulsada por la empresa canadiense GoldQuest. La movilización, convocada por el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, fue declarada un éxito por sus organizadores y marcó un punto de inflexión en la resistencia comunitaria contra la explotación minera en el valle sanjuanero.
La marcha antiminera que sacudió San Juan
Rubén Moreta, vocero del movimiento, no tardó en fijar postura al concluir la jornada. Describió la protesta como histórica para la comunidad local y lanzó un ultimátum directo al Poder Ejecutivo: responder en un plazo de siete días o enfrentar una escalada de movilizaciones. “Si no hay respuesta en este tiempo, las movilizaciones continuarán en San Juan contra GoldQuest”, advirtió Moreta ante los asistentes.
El vocero subrayó que la marcha antiminera fue una actividad estrictamente pacífica, expresión de la voluntad colectiva de impedir que la minería avance sobre el valle de San Juan. Para la comunidad, el territorio no es solo un recurso económico: es la fuente de agua y vida de toda una región, y su defensa se ha convertido en una causa que trasciende partidos y sectores.
Lo que revela la denuncia de infiltrados
Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensión. Moreta denunció que la empresa minera habría enviado elementos infiltrados a la manifestación con el propósito de deslucirla y restarle legitimidad. “Repudiamos a esos elementos infiltrados que intentaron perjudicar nuestra manifestación”, declaró, y fue enfático en que tales maniobras no lograrán su objetivo.
La acusación añade una capa de conflicto a un escenario ya de por sí cargado. Si la denuncia se confirma, revelaría una estrategia activa de la empresa para desestabilizar la oposición ciudadana, lo que podría intensificar aún más el rechazo popular al proyecto. El movimiento, por su parte, dejó claro que no retrocederá ante presiones de ningún tipo.
El contexto que explica la resistencia
La movilización de este domingo no surge en el vacío. Se inscribe en un proceso de oposición creciente a las actividades extractivas en el sur del país, donde comunidades enteras han alzado la voz para defender sus recursos naturales frente al avance de proyectos mineros. Entre los argumentos centrales del movimiento figuran:
- El riesgo de contaminación de fuentes de agua que abastecen al valle de San Juan.
- El impacto ambiental irreversible sobre ecosistemas locales.
- La falta de consulta efectiva a las comunidades afectadas.
- La exigencia de que el Poder Ejecutivo tome posición pública sobre el Proyecto Romero.
Con el plazo de siete días activado, la presión recae ahora sobre el gobierno dominicano. La respuesta —o el silencio— del Ejecutivo determinará si la marcha antiminera fue un episodio aislado o el inicio de una movilización sostenida. GoldQuest, por su parte, aún no ha emitido una respuesta pública a las demandas del movimiento, en medio de un clima de tensión que no muestra señales de apaciguarse.
