El senador Omar Fernández respaldó la eliminación del pago de anticipos para las microempresas y el sector agropecuario, pero encendió las alarmas sobre el nuevo esquema propuesto para las pequeñas y medianas empresas. Para el legislador, la medida tiene una cara positiva y una sombra que podría costarle caro al tejido empresarial del país.
Omar Fernández y el paso positivo que fomenta la formalización
Fernández celebró la aprobación parcial de su proyecto de ley orientado a liberar de anticipos a las microempresas. A su juicio, esta decisión representa un avance concreto para fomentar la formalización empresarial y fortalecer el ecosistema emprendedor dominicano. Históricamente, la carga de los anticipos ha funcionado como un desincentivo para que pequeños negocios den el paso hacia la formalidad, por lo que su eliminación en este segmento tiene un impacto directo sobre la estructura productiva del país.
El sector agropecuario también quedaría exento bajo esta propuesta, un detalle que no es menor en una economía donde la agricultura sigue siendo un pilar de empleo rural. La medida, en ese sentido, apunta a dos de los eslabones más vulnerables de la cadena económica nacional.
La advertencia que nadie esperaba sobre las pymes
Sin embargo, Omar Fernández no limitó su intervención al aplauso. El senador advirtió con claridad que la iniciativa paralela, que propone reducir de doce a tres las cuotas de anticipos para las pequeñas empresas, podría derivar en un golpe severo al flujo de caja de estos negocios. Aunque la reducción de cuotas suena a simplificación administrativa, el efecto práctico sería concentrar pagos mucho más altos en periodos significativamente más cortos.
Según explicó el legislador, el esquema propuesto distribuiría el anticipo de la siguiente manera:
- Primera cuota: 50% del total del anticipo.
- Segunda cuota: 30% del total.
- Tercera cuota: 20% restante.
Para ilustrar el impacto real de esta estructura, Fernández recurrió a un caso hipotético concreto: una mueblería que hoy paga aproximadamente 225 mil pesos mensuales en anticipos enfrentaría, bajo el nuevo esquema, un primer desembolso de 1.35 millones de pesos, seguido de cuotas de 810 mil y 540 mil pesos. El contraste entre ambos escenarios habla por sí solo.
El riesgo real: empleo y liquidez en juego
Más allá de los números, el senador advirtió sobre las consecuencias operativas que esta presión financiera podría desencadenar en las pequeñas empresas. Privarlas de ese “oxígeno financiero”, como él mismo lo denominó, podría traducirse en una cadena de efectos negativos que afectarían directamente el empleo:
- Reducción en la compra de inventario.
- Retraso en el pago de nóminas.
- Congelación de nuevas contrataciones.
En un contexto donde las pymes son responsables de una porción significativa del empleo formal en República Dominicana, cualquier medida que comprometa su liquidez tiene repercusiones que van mucho más allá del balance contable de cada empresa.
La propuesta alternativa de Fernández para proteger a las pymes
Ante el escenario que describió, Omar Fernández no se quedó solo en la crítica. El senador presentó una contrapropuesta concreta: eliminar completamente los anticipos para las pequeñas empresas y, en el caso de las medianas, permitir que la primera cuota se divida en cuatro pagos, además de reducir a la mitad el monto inicialmente contemplado. Esta fórmula, según el legislador, mantendría el espíritu de simplificación sin sacrificar la viabilidad financiera de los negocios. La discusión sobre el esquema de anticipos está lejos de cerrarse, y la posición del senador marca una línea de tensión que el debate legislativo deberá resolver con precisión.

