By Francisco “Pancho” Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana, lanzó una advertencia que resuena con fuerza en el debate político dominicano: al término del mandato del presidente Luis Abinader, podrían emerger nuevos casos de corrupción vinculados a la actual administración. No es una acusación directa, sino un pronóstico basado en un patrón histórico que, según el activista, se ha repetido en cada transición de poder en el país.
Lo que revela el patrón histórico de los casos de corrupción
Durante una entrevista en el programa D’AGENDA, Álvarez fue contundente al señalar que la dinámica del poder protege a quienes lo ejercen. “Es difícil procesar un caso cuando los responsables están en el poder; usualmente esos casos se destapan cuando esa gente sale del gobierno”, afirmó. Para ilustrar su punto, recurrió al ejemplo más reciente y documentado: el de Danilo Medina. Durante sus dos períodos presidenciales, ningún expediente de corrupción de peso llegó a los tribunales. Fue solo tras abandonar la Presidencia que comenzaron a surgir los casos que hoy ocupan los titulares.
Este patrón, lejos de ser una anomalía, parece ser una constante en la política dominicana. La impunidad no desaparece con el tiempo; simplemente espera el momento en que el escudo del poder ya no está disponible. Álvarez no descarta que el mismo fenómeno se repita al cierre del segundo período de Abinader, aunque aclaró que su advertencia no implica una condena anticipada, sino una lectura realista de la historia institucional del país.
Pancho Álvarez y los casos de corrupción que ya están sobre la mesa
El activista no se limitó a proyecciones futuras. Señaló que ya existen denuncias concretas y temas que merecen investigación activa por parte del Ministerio Público. Entre los casos mencionados figuran irregularidades relacionadas con:
- Senasa (Seguro Nacional de Salud)
- El Hospital Oncológico de Santiago
- El Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre)
“Los responsables los determinará el Ministerio Público con sus investigaciones y los jueces con sus decisiones”, precisó Álvarez, dejando claro que su rol es señalar, no juzgar. Sin embargo, su advertencia más inquietante apunta a la psicología del poder en sus últimas horas: “Cuando se acerca el final de un gobierno, algunos funcionarios piensan que es ahora o nunca y tratan de asegurar el resto de su vida robándose el dinero del Estado.”
El caso Coral como precedente que sacude al sistema
El contexto de estas declaraciones no puede separarse de la reciente sentencia del caso Coral, que condenó a 29 personas, entre ellas altos oficiales militares vinculados a la seguridad del expresidente Medina. Para Álvarez, este fallo no es solo una victoria judicial; es un mensaje institucional de largo alcance. Las condenas de hasta 20 años de prisión establecen, según el activista, un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y envían una señal clara sobre las consecuencias del manejo irregular de fondos públicos.
Este tipo de sentencias, históricamente escasas en la República Dominicana, podrían tener un efecto disuasorio real, aunque Álvarez reconoce implícitamente que la tentación del enriquecimiento ilícito no desaparece por decreto judicial. La pregunta que queda abierta es si el sistema de justicia dominicano tiene la capacidad y la voluntad de sostener ese estándar más allá de un caso emblemático.
Jean Alain Rodríguez y la deuda pendiente de los tribunales
Álvarez también aprovechó para referirse al proceso judicial del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, considerando que es momento de que los tribunales aborden el fondo del caso. En su análisis, todos aquellos que alcanzaron acuerdos de colaboración con el Ministerio Público tienen la obligación de comparecer como testigos en el juicio para respaldar las acusaciones presentadas. Para Participación Ciudadana, la credibilidad del sistema anticorrupción depende, en buena medida, de que estos procesos lleguen a su conclusión natural sin dilaciones ni presiones políticas.
En definitiva, la advertencia de Pancho Álvarez sobre posibles nuevos casos de corrupción al término del gobierno de Abinader no es un ataque político aislado. Es el reflejo de una desconfianza institucional construida durante décadas, alimentada por un patrón que el propio sistema ha normalizado. La pregunta no es si ocurrirá, sino si esta vez las instituciones estarán preparadas para responder con la misma contundencia que mostraron en el caso Coral.
