By Samuel Pereyra, ex presidente ejecutivo del Banco de Reservas y actual presidente de Refidomsa, anunció públicamente que ha interpuesto acciones legales en Florida, Estados Unidos, contra Carlos Rubio, a quien acusa de extorsión, difamación y mal uso de información e imágenes relacionadas con su persona y su familia, incluyendo a sus hijos menores de edad. La decisión marca un punto de inflexión en la vida pública de un funcionario que, según sus propias palabras, nunca antes había considerado necesario responder a ataques de terceros.
El esquema de chantaje que desató las acciones legales
Según detalló Samuel Pereyra en su declaración, todo comenzó cuando se negó a ofrecer lo que describió como una “ayuda económica” a Rubio. A partir de ese momento, afirma, se desencadenó un patrón sistemático de ataques en redes sociales diseñado para dañar su reputación y comprometer la integridad de su entorno familiar. No se trató, en su relato, de crítica periodística ni de fiscalización ciudadana, sino de lo que calificó directamente como un “esquema de chantaje”.
La decisión de recurrir a instancias legales internacionales no fue tomada a la ligera. Pereyra subrayó que respeta la libertad de expresión y la crítica responsable, pero trazó una línea clara: esos derechos no pueden convertirse en herramientas para propagar información falsa ni para ejercer presiones económicas inapropiadas sobre personas públicas o sus familias. “He decidido recurrir a las instancias legales correspondientes, incluyendo jurisdicciones internacionales, con el propósito de proteger mis derechos y los de mi familia, así como de establecer un precedente frente a este tipo de conductas”, declaró.
Las acusaciones formalizadas ante la jurisdicción de Florida incluyen tres cargos principales:
- Extorsión mediante presión económica
- Difamación a través de redes sociales
- Mal uso de información e imágenes personales y familiares
Por qué Samuel Pereyra rompió su silencio esta vez
A lo largo de su trayectoria en la vida pública, Pereyra había mantenido una postura de reserva frente a las críticas y los ataques. Lo que cambió en esta ocasión fue el involucramiento directo de su familia y, en particular, de sus hijos. Ese límite, según explicó, resultó inaceptable. “Afrontar un ataque es una cosa; permitir que se use lo más sagrado que tengo, mi familia, para extorsionarme es inaceptable”, afirmó con contundencia.
Más allá del caso concreto, Pereyra advirtió sobre las consecuencias institucionales y sociales que este tipo de prácticas pueden generar. Cuando figuras con trayectoria y competencia son sometidas a esquemas de chantaje, el efecto disuasorio sobre la participación pública es real: personas serias y capaces pueden optar por mantenerse al margen de la política y la gestión institucional para proteger a sus familias. Esa advertencia apunta a un problema estructural que trasciende su situación personal.
En el cierre de su declaración, Samuel Pereyra lanzó un llamado explícito a empresarios, políticos, periodistas y otros sectores de la sociedad dominicana a rechazar colectivamente los esquemas de extorsión y chantaje. Su argumento central es que no puede tolerarse que individuos sin ética utilicen las redes sociales como plataforma para destruir reputaciones y familias. El caso, que ahora se dirime ante los tribunales de Florida, podría sentar un precedente relevante para casos similares en el ámbito regional.
