By Shakira logró una victoria contundente en los tribunales españoles. La Audiencia Nacional de España anuló la sanción fiscal que le había sido impuesta por el ejercicio de 2011, lo que obliga a la Hacienda española a devolver más de 55 millones de euros, más los intereses legales acumulados durante años. El fallo representa uno de los reveses más sonados para las autoridades tributarias españolas en la última década y cierra, al menos provisionalmente, uno de los capítulos más mediáticos de la disputa fiscal de la cantante colombiana con el fisco ibérico.
Por qué Shakira gana este round decisivo contra Hacienda
El núcleo del conflicto giraba en torno a un concepto aparentemente técnico pero de consecuencias millonarias: la residencia fiscal. La legislación española establece que una persona debe tributar en el país como residente si permanece en su territorio más de 183 días al año. Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó que las autoridades españolas solo pudieron acreditar la presencia de Shakira en suelo español durante 163 días en el año en cuestión, una cifra que no alcanza el umbral legal exigido. Con ese argumento como eje, el tribunal resolvió que la liquidación practicada por Hacienda carecía de base jurídica suficiente.
El fallo no se limitó a anular la sanción. La resolución de la Audiencia Nacional estableció tres consecuencias directas para el Estado español:
- Anular la liquidación tributaria practicada por Hacienda por el ejercicio de 2011.
- Devolver las cantidades cobradas a la artista, que superan los 55 millones de euros.
- Sumar los intereses legales generados sobre el dinero retenido durante el proceso.
En términos globales, la cantidad total a restituir equivale a más de 64 millones de dólares, una cifra que convierte este caso en uno de los expedientes fiscales de mayor cuantía resueltos a favor de un contribuyente en España en años recientes.
Una disputa que viene de lejos: el historial fiscal de la artista
Este fallo no surge en el vacío. Los problemas de Shakira con la Hacienda española se remontan a varios años atrás y están íntimamente ligados al período en que la artista mantenía una relación con el exfutbolista Gerard Piqué. Durante esos años, la cantante dividía su tiempo entre Bahamas y Barcelona, lo que generó una zona gris sobre cuál debía ser su domicilio fiscal. La artista siempre sostuvo que se estableció de forma permanente en Barcelona recién a finales de 2014 y que trasladó oficialmente su residencia fiscal en 2015, por lo que los años anteriores no debían computarse como residencia española.
El caso de 2011 no fue el único frente abierto. En noviembre de 2023, Shakira alcanzó un acuerdo con la fiscalía española para resolver una causa separada, relacionada con los ejercicios fiscales de 2012 a 2014. En ese proceso, la artista aceptó los cargos, evitó una condena de prisión y abonó una multa superior a 7 millones de euros. Lo que podría haber sido un juicio con más de cien testigos y varias semanas de audiencias se resolvió en cuestión de minutos mediante un pacto judicial, en una escena que recorrió los medios de todo el mundo.
El contraste entre ambos desenlaces es revelador: mientras que en el caso de 2012-2014 Shakira optó por el acuerdo y asumió el pago, en el expediente de 2011 decidió litigar hasta el final, y el tribunal le dio la razón. La estrategia legal resultó acertada, aunque la historia no termina aquí: la resolución de la Audiencia Nacional puede ser recurrida ante instancias superiores, lo que deja abierta la posibilidad de que Hacienda española intente revertir el fallo en una fase posterior del proceso.
Para la cantante colombiana, sin embargo, el mensaje es claro: Shakira gana en los tribunales la batalla que más dinero ponía en juego, y lo hace con un argumento que el propio Estado no pudo rebatir con pruebas suficientes. El caso seguirá siendo referencia en el debate sobre residencia fiscal de figuras públicas internacionales.
