By Los acuerdos procesales llevan tiempo siendo una promesa en el sistema judicial dominicano. Ahora, el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, lanzó un mensaje directo: es hora de pasar de las palabras a la acción. Su llamado apunta a transformar una herramienta subutilizada en el motor que descongestione tribunales, reduzca costos y vacíe cárceles con sobrepoblación crónica.
El diagnóstico que sacude al sistema judicial dominicano
El punto de partida no es menor. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, reveló que el 40% del presupuesto del poder judicial se destina exclusivamente a procesos penales, una cifra que por sí sola justifica la urgencia del debate. Molina argumentó que fomentar los acuerdos procesales como alternativa al litigio prolongado puede traducirse en una reducción significativa de costos y en alivio real para un sistema que opera al límite de su capacidad.
Camacho recogió ese diagnóstico y fue más lejos. En declaraciones al diario El Día, el funcionario señaló que el problema no es de diseño legal, sino de voluntad institucional y de incentivos. “Los actores debemos mostrar la disposición para acordar caso a caso. Es evidente que el proceso requiere más acuerdos, pero esto ocurrirá solo cuando acordar sea más beneficioso que mantener un litigio, esperar una extinción, una pena baja o una suspensión”, explicó. En otras palabras: mientras el sistema premie la dilación, nadie tendrá razones para negociar.
Por qué los acuerdos procesales son clave para el Ministerio Público
Para Camacho, el Ministerio Público no puede ser un actor pasivo en esta transformación. Por mandato institucional, debe liderar el proceso penal y, con ello, encabezar la cultura del acuerdo. El procurador adjunto respalda su postura en la experiencia de países desarrollados que han hecho de esta figura la columna vertebral de sus sistemas adversariales. “El sistema debe ajustarse a lo que hacen esos países, estableciendo sanciones ejemplares para quienes no lleguen a un acuerdo y en quienes se demuestre culpabilidad, transmitiendo así el mensaje de que es preferible acordar que mantenerse litigando”, afirmó.
La lógica es clara: si las consecuencias de ir a juicio y perder son suficientemente severas, el incentivo para negociar se vuelve racional. Es el mismo principio que sostiene los sistemas de justicia negociada en Estados Unidos, Alemania o España, donde la mayoría de los casos penales se resuelven sin llegar a un juicio oral. La República Dominicana, con un sistema acusatorio ya instaurado, tiene la arquitectura legal para hacerlo. Lo que falta, según Camacho, es la decisión política y operativa de activarla.
Los cinco pilares que Camacho pone sobre la mesa
El procurador adjunto no se limitó al diagnóstico. Presentó cinco puntos concretos que, a su juicio, definen por qué los acuerdos procesales son indispensables para el funcionamiento real del sistema:
- Un sistema adversarial no es viable sin acuerdos.
- Es imposible perseguir el crimen organizado de forma efectiva sin acuerdos.
- Se fomentarán más acuerdos cuando la opción de negociar sea más atractiva que ir a juicio o prolongar el litigio.
- El Ministerio Público debe, por su función, ser el motor del proceso penal y liderar los acuerdos.
- La alternativa de salida debe ser proporcional al caso en cuestión.
El segundo punto merece atención especial. Camacho vincula directamente la eficacia contra el crimen organizado con la capacidad de negociar acuerdos. Sin colaboradores, sin imputados que intercambien información por beneficios procesales, la persecución de estructuras criminales complejas se convierte en una tarea casi imposible. Es un argumento que va más allá de la eficiencia administrativa y toca la seguridad pública como objetivo estratégico.
Con este planteamiento, Wilson Camacho posiciona los acuerdos procesales no como una concesión al imputado, sino como una herramienta de poder para el Estado: más casos resueltos, más recursos liberados y más capacidad para concentrar la persecución penal donde realmente importa. El reto ahora es que el resto del sistema —jueces, defensores y legisladores— responda con la misma disposición que el Ministerio Público dice estar dispuesto a demostrar. Más información sobre el marco institucional está disponible en el sitio oficial de la Procuraduría General de la República Dominicana.
