La Policía Nacional atraviesa uno de sus momentos más complejos en años recientes. El presidente Luis Abinader ha impulsado un plan integral de transformación institucional que incluye mejoras salariales y nuevas condiciones de vida para los agentes, pero el proceso enfrenta una tormenta de presiones externas, urgencias legislativas y una percepción pública que amenaza con eclipsar los avances reales.
Lo que revela la muerte de Darlin Mercado Reyes
El caso del joven Darlin Mercado Reyes, fallecido en el sector de Herrera, se convirtió en el detonante que reactivó la desconfianza ciudadana hacia la institución policial. Aunque la Policía Nacional ha experimentado transformaciones profundas respecto a décadas anteriores, la narrativa pública tiende a asociarla con los abusos del pasado, y episodios como este alimentan esa percepción con fuerza renovada. El reto no es solo operativo ni legislativo: es también de imagen y de confianza, dos activos que se construyen con años de trabajo y se pierden en horas.
Abinader ha demostrado voluntad política en este proceso. Los cambios en la escala salarial de los agentes y las mejoras en sus condiciones laborales son medidas concretas que apuntan a profesionalizar el cuerpo policial desde adentro. Sin embargo, esas conquistas quedan opacadas cada vez que un hecho violento protagonizado por uniformados ocupa los titulares. La reforma necesita resultados visibles en la calle, no solo en los decretos.
El proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional y el riesgo de la prisa
En paralelo al debate público, el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional lleva desde diciembre en manos de los legisladores sin que se haya producido una discusión a fondo. La situación cambió de tono cuando el presidente del Senado anunció la posibilidad de aprobarlo antes del 26 de este mes, una declaración que encendió las alarmas entre quienes siguen de cerca el proceso.
La preocupación es legítima. La historia legislativa dominicana ofrece ejemplos dolorosos de lo que ocurre cuando la urgencia política se impone sobre el análisis técnico:
- El Código Laboral, que aún presenta vacíos e inconsistencias en su aplicación práctica.
- El Código Penal, cuya reforma acumula críticas por su tratamiento apresurado en el Congreso.
Aprobar la ley orgánica bajo presión mediática o por cumplir un calendario político sería repetir el mismo error. Una norma que regule la estructura, las funciones y los límites de la Policía Nacional requiere debate amplio, consulta con expertos en seguridad, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil. No puede ser un trámite.
Por qué este momento define el futuro de la reforma policial
La advertencia que circula en los círculos legislativos y académicos es directa: si el proyecto se aprueba sin un análisis adecuado, los esfuerzos invertidos en la transformación institucional podrían quedar atrapados en una ley deficiente que frene, en lugar de impulsar, el cambio. Una norma mal construida puede ser más dañina que la ausencia de norma, porque otorga cobertura legal a prácticas que deberían ser corregidas.
El momento es crítico precisamente porque hay condiciones favorables: un presidente comprometido con la reforma, mejoras salariales ya ejecutadas y un proyecto de ley sobre la mesa. Lo que falta es que el Congreso esté a la altura de la oportunidad. La Policía Nacional que la República Dominicana necesita no se construye con prisa ni con presión de titulares, sino con legislación sólida, formación continua y una relación renovada con la ciudadanía. Ese es el verdadero desafío que enfrenta la reforma, y también su mayor posibilidad. Para conocer más sobre los estándares internacionales en reforma policial, puede consultarse la documentación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, referencia global en materia de seguridad y justicia.

