By El Senado dominicano somete este viernes a votación en segunda lectura un proyecto de ley que propone la reforma policial más ambiciosa desde 2016: una transformación integral de la Policía Nacional que toca desde los ascensos y los salarios hasta el uso de cámaras corporales y la supervisión civil de la institución. Si el pleno aprueba el texto, el expediente pasará a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
Lo que revela la reforma policial sobre una institución bajo presión
El proyecto modifica la Ley Orgánica núm. 590-16 con un objetivo declarado: reemplazar el modelo policial vigente por uno más profesional, orientado a la prevención del delito, la cercanía con la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos. El diagnóstico implícito en la iniciativa es severo: a pesar de que la reforma comenzó en 2016, los avances han sido limitados y los abusos policiales siguen siendo motivo de preocupación. Desde 2020, al menos 273 jóvenes de entre 16 y 35 años han fallecido en incidentes relacionados con agentes de la Policía Nacional, una cifra que pesa sobre el debate legislativo y que justifica la urgencia del cambio normativo.
El proyecto no se limita a ajustes procedimentales. Propone redefinir la filosofía de la institución desde sus cimientos, apostando por una policía comunitaria que opere bajo control civil efectivo y rinda cuentas ante mecanismos independientes. La pregunta que queda abierta es si un cambio de ley será suficiente para transformar décadas de cultura organizacional arraigada.
Los cambios concretos que introduce el proyecto
Entre las modificaciones más relevantes que contempla la iniciativa destacan las siguientes:
- Creación de un nuevo sistema de carrera policial basado en el mérito y la capacitación continua, con una Junta Evaluadora que garantice que los ascensos respondan al desempeño y no a criterios discrecionales.
- Establecimiento de un Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial que definirá las competencias mínimas exigibles a cada agente.
- Traslado de la Dirección de Asuntos Internos bajo la dependencia del Ministerio de Interior y Policía, con el fin de dotar de mayor autonomía a las investigaciones disciplinarias y reducir los conflictos de interés internos.
- Obligatoriedad del uso de cámaras corporales durante las intervenciones policiales; su incumplimiento se tipificaría como falta grave.
- Reconocimiento explícito del derecho de los ciudadanos a grabar intervenciones policiales.
- Prohibición de cualquier actuación basada en prejuicios relacionados con raza, apariencia física o identidad de género.
- Mejoras en la protección social y en la atención a la salud mental de los agentes.
El conjunto de medidas refuerza además el papel del Ministerio de Interior y Policía como eje de supervisión de las políticas de seguridad ciudadana, reafirmando la subordinación de la Policía Nacional a las autoridades civiles elegidas democráticamente. Este punto es central en el diseño institucional del proyecto: se busca que las decisiones estratégicas en materia de seguridad no queden en manos exclusivas de la cúpula policial.
Por qué la norma no garantiza el cambio por sí sola
Los expertos en seguridad y los organismos de derechos humanos coinciden en un punto que el propio texto del proyecto reconoce de forma implícita: la transformación cultural dentro de una institución como la Policía Nacional requiere mucho más que un cambio normativo. Las prácticas arraigadas durante décadas no desaparecen con la promulgación de una ley, por bien diseñada que esté. La eficacia real de esta reforma policial dependerá de la voluntad política para implementarla, de los recursos asignados a la capacitación y de la independencia efectiva de los mecanismos de supervisión.
El hecho de que la reforma iniciada en 2016 haya producido avances limitados en casi una década es, en sí mismo, una advertencia. El nuevo proyecto incorpora lecciones de ese proceso, pero enfrenta el mismo desafío estructural: convertir el texto legal en práctica cotidiana dentro de una institución con más de 32,000 efectivos. La sesión extraordinaria del Senado de este viernes es solo el primer paso de un proceso legislativo y, sobre todo, institucional que apenas comienza. La reforma policial tiene el marco normativo; lo que viene después determinará si también tiene futuro.
