By Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y dirigente político, salió al paso este fin de semana para rechazar de forma contundente el proceso de aprobación del nuevo Código Penal dominicano. A través de su cuenta en la red social X, el también exaspirante presidencial cuestionó la legitimidad del proceso y pidió que la legislación no entre en vigencia el próximo 3 de agosto, tal como está previsto.
El consenso que Castillo dice que no existe
En su mensaje, Gonzalo Castillo fue directo: el Gobierno “miente cuando habla de consenso”. Con esa frase, el dirigente político puso en entredicho la narrativa oficial sobre el proceso de construcción del nuevo texto legal, que el Ejecutivo ha presentado como resultado de un amplio acuerdo entre sectores. Para Castillo, ese acuerdo es más formal que real, y la forma en que se han introducido modificaciones en la fase final del proceso legislativo lo demuestra.
El exfuncionario señaló que varios cambios fueron incorporados en el tramo final del debate parlamentario sin haber sido discutidos adecuadamente. Esos ajustes de último momento, a su juicio, comprometen la integridad del proceso y generan dudas sobre qué intereses terminaron moldeando el texto definitivo. La crítica no es menor: apunta directamente a la transparencia del Congreso y a la calidad del debate democrático en torno a una de las reformas legales más importantes de los últimos años.
Prisión por difamación: el punto que enciende la alarma
Uno de los aspectos que más preocupa a Gonzalo Castillo es la inclusión de penas de prisión por difamación para quienes critiquen a funcionarios públicos o aborden temas de interés nacional. Para el dirigente, mantener ese tipo de sanciones en el nuevo código representa un riesgo directo para la libertad de expresión, un derecho que considera incompatible con la criminalización de la crítica política o ciudadana.
La preocupación no es exclusiva de Castillo. Organizaciones de prensa, juristas y sectores de la sociedad civil han advertido en distintos momentos que tipificar penalmente la difamación contra funcionarios puede convertirse en un mecanismo de persecución contra periodistas, activistas y ciudadanos que expresen opiniones sobre el ejercicio del poder. El debate sobre este punto refleja una tensión clásica entre la protección del honor de los servidores públicos y el derecho de la ciudadanía a fiscalizar la gestión estatal.
- Penas de prisión por difamación a funcionarios públicos
- Modificaciones introducidas en la fase final del proceso legislativo sin debate suficiente
- Entrada en vigencia prevista para el 3 de agosto
- Ausencia de participación amplia de sectores de la sociedad civil
Un año de debate nacional: la propuesta de Castillo
Ante este panorama, el exministro no se limitó a criticar. Formuló una propuesta concreta: abrir un proceso de discusión nacional de al menos un año, con la participación de diversos sectores de la sociedad, para revisar los aspectos más controvertidos del texto. La iniciativa implica, en la práctica, aplazar la entrada en vigencia del código y reabrir un debate que, según Castillo, nunca se cerró de forma legítima.
El dirigente subrayó que cualquier reforma del Código Penal debe ser el resultado de un debate “serio, real y transparente”, y que sus disposiciones deben coincidir con el interés público, no con el de grupos o instituciones específicas. La exigencia de transparencia y amplitud en el proceso no es solo una postura política: es también una advertencia sobre las consecuencias de aprobar una legislación penal sin el respaldo social necesario para su legitimidad y aplicación efectiva.
El llamado de Gonzalo Castillo se suma a un creciente coro de voces que, desde distintos ángulos ideológicos, han pedido más tiempo y más voces en la mesa antes de que el nuevo Congreso Nacional dé por cerrado un proceso que, para muchos, aún tiene demasiadas preguntas sin responder.
