By Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), tomó distancia esta semana de las versiones más severas sobre el caso que sacudió al Instituto Tecnológico de Las Américas: aunque reconoció la gravedad de la red de cobros irregulares que operaba en la institución, fue categórica al señalar que no cree que el exrector del ITLA, Rafael Jesús Féliz García, estuviera directamente implicado en esa práctica. La declaración, sin embargo, no cierra el expediente, sino que lo mantiene abierto con una advertencia clara.
Lo que Ortiz Bosch reveló sobre el exrector del ITLA
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Tarde de Z101, la exvicepresidenta de la República explicó su lectura del caso con una distinción que no es menor: no implicación directa no equivale a ausencia de responsabilidad. Según Ortiz Bosch, la red que operaba en el ITLA consistía en exigir porcentajes salariales a colaboradores de la institución, una práctica que se disfrazaba de “donaciones” voluntarias pero que, en los hechos, funcionaba como un cobro obligatorio.
La funcionaria sostuvo que Féliz García, por su posición de autoridad y su cercanía con el entorno institucional, tenía la obligación de detectar y frenar esa dinámica. Su tolerancia —consciente o no— ante esa práctica, advirtió Ortiz Bosch, puede derivar en la descomposición progresiva del sistema administrativo público. La lógica es simple pero contundente: quien dirige una institución responde también por lo que ocurre bajo su mando.
Una cultura que el Estado no puede normalizar
Uno de los señalamientos más reveladores de Ortiz Bosch apuntó al origen cultural de estas prácticas. La directora de la DIGEIG vinculó este tipo de cobros con dinámicas propias de ciertos movimientos estudiantiles universitarios, donde las contribuciones a clubes o agrupaciones se normalizan con el tiempo hasta volverse parte del paisaje institucional. El problema, subrayó, es cuando esa lógica migra al aparato del Estado.
Según la funcionaria, la DIGEIG ha intervenido en múltiples casos donde funcionarios han intentado replicar estas actitudes dentro de instituciones públicas. La advertencia que lanzó fue directa:
- Ninguna práctica de cobro informal es aceptable en el marco del Estado, independientemente de su origen o justificación.
- La responsabilidad de los funcionarios no se limita a sus propias acciones, sino que se extiende a las de sus colaboradores directos.
- Ante cualquier señal de irregularidad, la reacción debe ser inmediata, incluso cuando involucra personas cercanas al funcionario.
“La autoridad es la autoridad, y hay que actuar de inmediato, incluso si se trata de una persona cercana”, afirmó Ortiz Bosch durante la entrevista, en una frase que resume la postura institucional de la DIGEIG frente a este tipo de casos.
La destitución y lo que viene después
Rafael Jesús Féliz García fue destituido por el presidente Luis Abinader tras hacerse públicas las denuncias sobre la red de cobros en el ITLA. El escándalo estalló pocos meses después de que Féliz García dejara el Ministerio de la Juventud, lo que añadió una capa adicional de escrutinio sobre su trayectoria en la administración pública. La destitución fue la respuesta inmediata del Ejecutivo, pero no el punto final del proceso.
Cuando se le preguntó a Ortiz Bosch si la investigación tenía sentido continuar una vez consumada la destitución del exrector del ITLA, su respuesta no dejó margen para la ambigüedad: “En cuanto a investigar, esa es mi obligación”. La frase condensa la filosofía de la DIGEIG: la salida de un funcionario no extingue la responsabilidad institucional de esclarecer los hechos, determinar el alcance real de las irregularidades y establecer si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas por otras instancias del Estado.
