By El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) lanzó un llamado directo al Congreso Nacional para que no obstaculice la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, cuya implementación está prevista para agosto. La organización advierte que cualquier retraso sería una señal preocupante para el Estado de derecho en el país, en un momento en que la ciudadanía exige respuestas más efectivas frente a la criminalidad y la inseguridad jurídica.
El Código Penal como deuda histórica del sistema de justicia
Feliciano Lacen Custodio, presidente de CODUE, fue enfático al calificar la implementación del nuevo código como una deuda histórica pendiente. Según su criterio, la legislación penal vigente ha quedado rezagada ante las nuevas formas de criminalidad que enfrenta la sociedad dominicana, así como ante las crecientes exigencias de protección ciudadana que el marco legal actual no logra satisfacer de manera adecuada.
La postura de CODUE no es solo un respaldo institucional a una reforma técnica: es una señal de que sectores organizados de la sociedad civil observan con preocupación cualquier intento de dilatar un proceso legislativo que lleva años en construcción. Para la organización, postergar la vigencia del Código Penal equivale a mantener al país atado a una normativa que ya no responde a la realidad social ni a los estándares modernos de justicia.
Lo que CODUE exige antes de que venza la vacatio legis
La organización fue precisa en sus demandas. CODUE solicitó que se respete el cumplimiento de la ley una vez concluya la vacatio legis, el período de transición legal que antecede la entrada en vigor de una norma. El plazo establecido apunta a agosto como fecha límite, y cualquier maniobra legislativa que lo extienda sin justificación sería interpretada como una obstrucción al proceso democrático.
Al mismo tiempo, la organización aclaró que no desconoce las imperfecciones del texto aprobado. Su argumento central es que las correcciones necesarias pueden y deben realizarse mediante un proceso de evaluación y actualización posterior, sin que eso justifique paralizar la entrada en vigencia. Este enfoque pragmático distingue entre perfeccionar una ley en funcionamiento y bloquear su aplicación antes de que comience a regir.
Entre los argumentos que CODUE esgrime a favor del nuevo Código Penal, destacan los siguientes:
- Mayor seguridad jurídica para ciudadanos e instituciones.
- Protección reforzada de los derechos fundamentales.
- Mejor respuesta ante los retos sociales y las nuevas formas de criminalidad.
- Actualización del marco normativo frente a una legislación considerada obsoleta.
Un avance imperfecto, pero necesario según la organización
CODUE fue cuidadoso en no presentar el nuevo código como una solución definitiva a todos los problemas del país. La organización reconoció abiertamente que la nueva legislación no resolverá de forma automática las deficiencias estructurales del sistema de justicia dominicano. Sin embargo, sostuvo que sí representa un avance concreto respecto al marco legal vigente, al ofrecer herramientas más modernas y coherentes con los estándares internacionales.
Esta postura refleja una lectura madura del proceso legislativo: no se trata de defender un texto perfecto, sino de evitar que la búsqueda de la perfección se convierta en el pretexto para la inacción. En ese sentido, el llamado de CODUE apunta directamente a los legisladores que podrían usar las imperfecciones del código como argumento para postergar su vigencia indefinidamente.
La organización cerró su pronunciamiento expresando confianza en que las autoridades actuarán de manera responsable y en cumplimiento del orden democrático, priorizando el fortalecimiento del Estado de derecho y el bienestar de la población. Para conocer más sobre el marco institucional del sector evangélico en el país, puede consultarse la página oficial de CODUE. El mensaje implícito es claro: la sociedad civil organizada estará atenta a lo que ocurra con el Código Penal en las próximas semanas.
