By El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad una iniciativa impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps para actualizar y fortalecer las políticas y protocolos contra la violencia de género, intrafamiliar y sexual en el sistema educativo dominicano. La decisión, adoptada en sesión extraordinaria, convierte a las escuelas en el eje central de la estrategia nacional de prevención de violencia, reconociendo que el aula no es solo un espacio de aprendizaje académico, sino también un entorno donde se forman —o se rompen— los patrones de conducta que definen a una sociedad.
Lo que revelan los datos que sacudieron la sesión del CNE
Durante la sesión extraordinaria, se presentaron cifras que evidencian el impacto directo de la violencia sobre la población escolar y los jóvenes egresados del sistema educativo. Esos datos fueron el detonante que llevó al ministro De Camps a plantear la necesidad de un cambio de paradigma: dejar de tratar la violencia únicamente como un problema de seguridad pública y asumirla como un desafío pedagógico que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de enfrentar desde sus propias herramientas.
De Camps subrayó que, tras la familia, la escuela es el principal motor de socialización y formación del individuo. Bajo esa premisa, argumentó que los centros educativos deben convertirse en redes de apoyo y entornos seguros donde los estudiantes puedan desaprender la violencia antes de que esta se consolide como un comportamiento normalizado. La intervención en la etapa formativa, insistió el ministro, es crucial para romper el ciclo de la violencia, salvar vidas y construir ciudadanos capaces de cumplir con el contrato social.
Prevención de violencia: las herramientas concretas que llegan a las aulas
La iniciativa aprobada no se queda en declaraciones de intención. Su núcleo operativo contempla equipar a docentes, orientadores y personal administrativo con herramientas estandarizadas para detectar señales tempranas de abuso en los estudiantes, incluyendo cambios de comportamiento, agresividad, aislamiento o signos físicos de maltrato. La detección temprana, en este esquema, es tan importante como la respuesta institucional que le sigue.
Para garantizar que esas herramientas se usen de forma efectiva, se establecerán capacitaciones continuas y obligatorias en tres áreas clave:
- Educación afectivo-sexual
- Resolución pacífica de conflictos
- Primeros auxilios psicológicos
Además, se creará un sello o certificación ministerial para los centros educativos que cumplan con las capacitaciones exigidas y demuestren efectividad en la aplicación de los protocolos de detección y canalización de casos. Este mecanismo introduce un incentivo institucional que distingue a las escuelas comprometidas con la prevención de violencia de aquellas que aún no han incorporado estos estándares.
La red interinstitucional que respaldará los protocolos
Uno de los aspectos más significativos de la iniciativa es la articulación formal con otros organismos del Estado. La modernización de políticas y protocolos contra la violencia intrafamiliar y sexual establecerá directrices coordinadas con:
- Ministerio de la Mujer
- Ministerio de Interior y Policía
- Ministerio Público
- Policía Nacional
- CONANI
Esta red interinstitucional busca garantizar que cuando un caso sea detectado en el entorno escolar, la respuesta no se detenga en las puertas del centro educativo. La normativa también incluirá disposiciones específicas para proteger la confidencialidad de los casos, evitar la revictimización de los menores involucrados y asegurar que los protocolos se apliquen con la sensibilidad que cada situación requiere.
Al cierre de la sesión extraordinaria, fue juramentado como nuevo miembro del CNE el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana, sumándose así al organismo que acaba de trazar uno de los compromisos institucionales más ambiciosos en materia de prevención de violencia dentro del sistema educativo dominicano.
