By El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó de manera unánime una iniciativa para convertir las escuelas dominicanas en espacios activos de protección frente a la violencia de género, intrafamiliar y sexual. La propuesta, presentada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante una sesión extraordinaria, redefine el papel del sistema educativo ante una crisis que ya no puede tratarse solo como un problema de seguridad pública.
Lo que revelan los datos que sacudieron al CNE
La sesión arrancó con cifras que ilustran el alcance real de la violencia entre la población escolar y jóvenes egresados del sistema educativo. Ante ese panorama, De Camps planteó un argumento que marcó el tono del debate: las escuelas no pueden seguir siendo espacios neutrales frente a la violencia. Deben funcionar, dijo, como redes de contención donde se desaprendan actitudes violentas antes de que se consoliden.
“La escuela es el segundo centro de socialización y formación más importante después de la familia”, afirmó el ministro, subrayando que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de abordar este fenómeno como un desafío pedagógico y de desarrollo humano, no únicamente como una cuestión de orden público. Esa distinción conceptual es, precisamente, lo que diferencia esta iniciativa de intervenciones anteriores.
Qué cambia con los nuevos protocolos contra la violencia de género
El corazón de la propuesta aprobada es la actualización de protocolos que equiparán a docentes, orientadores y personal administrativo con herramientas concretas para detectar señales tempranas de abuso, agresividad o cambios de comportamiento en los estudiantes. La capacitación no será opcional ni puntual: se establecerán programas continuos y obligatorios en tres áreas clave:
- Educación afectivo-sexual
- Resolución pacífica de conflictos
- Primeros auxilios psicológicos
Además, se creará un sello o certificación ministerial para los centros educativos que demuestren eficacia en la aplicación de estos protocolos de detección y canalización. Esa certificación no es un reconocimiento simbólico: será el indicador oficial de que un plantel cumple con los estándares mínimos para proteger a sus estudiantes frente a situaciones de violencia de género y abuso.
La iniciativa también establece canales directos con organismos del Estado que intervienen en estos casos. Los centros educativos podrán articularse de forma institucional con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el CONANI. Para proteger a los menores de posibles represalias, se incluye una normativa de discrecionalidad que garantiza la confidencialidad en el manejo de cada caso.
Por qué intervenir ahora puede romper el ciclo
De Camps fue enfático en señalar que la etapa formativa es la ventana de oportunidad más eficaz para interrumpir el ciclo de la violencia. Actuar en ese momento, argumentó, no solo puede salvar vidas individuales, sino contribuir a construir un modelo de ciudadano capaz de sostener el contrato social. Es una apuesta de largo plazo que reconoce que los patrones de violencia de género no se corrigen en la adultez si no se trabajan desde la infancia y la adolescencia.
En el marco de la misma sesión extraordinaria, el CNE juramentó a Jorge Asjana, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como nuevo miembro del organismo. Su incorporación amplía la representación del sector universitario en las decisiones que moldean la política educativa nacional, precisamente en un momento en que esas decisiones adquieren una dimensión social sin precedentes.
