By La Cámara de Cuentas de la República Dominicana encendió las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en la Policía Nacional al concluir una auditoría con una opinión con salvedad, tras detectar un conjunto de irregularidades financieras, administrativas y de contratación durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. El proceso abarcó las gestiones de los mayores generales Edward Ramón Sánchez González (2020–2021) y Eduardo Alberto Then (2021–2023), y pone en evidencia debilidades estructurales que van más allá de errores contables aislados.
Lo que revelan los números: más de RD$52,739 millones bajo la lupa
Durante los tres años auditados, la Policía Nacional recibió transferencias presupuestarias que sumaron un total superior a RD$52,739 millones: RD$15,163.4 millones en 2020, RD$17,513.8 millones en 2021 y RD$20,062 millones en 2022. La magnitud de esos recursos hace que las observaciones del órgano fiscalizador adquieran una dimensión especialmente crítica, pues el dinero involucrado no es marginal, sino el grueso del presupuesto operativo de una de las instituciones de seguridad más importantes del país.
Entre las irregularidades más graves documentadas por la Cámara de Cuentas figura la negativa o incapacidad de la institución para entregar expedientes requeridos por los auditores. En concreto, se identificaron dos grupos de documentación faltante que comprometen la trazabilidad del gasto:
- Cinco expedientes relacionados con remuneraciones, materiales y suministros por un valor de RD$22.18 millones.
- Tres expedientes correspondientes a compras de equipos y licencias informáticas por un total de RD$101.77 millones.
La ausencia de estos documentos impide verificar si los desembolsos respondieron a necesidades reales, si los procesos de contratación se ajustaron a la ley y si los bienes o servicios fueron efectivamente recibidos. En términos de auditoría, es precisamente este tipo de vacío el que justifica una opinión con salvedad en lugar de una opinión limpia.
Las fallas sistémicas que la Cámara de Cuentas no pasó por alto
Más allá de los expedientes sin entregar, el informe de la Cámara de Cuentas describe un patrón de debilidades institucionales que sugiere problemas de gobernanza interna más profundos. Entre las deficiencias identificadas se encuentran:
- Publicaciones incompletas en los portales institucionales, lo que afecta la transparencia y el acceso ciudadano a la información pública.
- Ausencia de un sistema integrado de gestión (ERP), herramienta considerada estándar en la administración pública moderna para el control del gasto y los activos.
- Problemas en el soporte de sistemas informáticos y en la gestión de usuarios, que abren la puerta a accesos no autorizados o manipulación de datos.
- Falta de inventario de hardware, lo que imposibilita conocer con exactitud los bienes tecnológicos del Estado bajo custodia de la institución.
- Incumplimiento de sentencias judiciales, una observación que trasciende lo administrativo y apunta a un desacato con consecuencias legales directas.
Cada uno de estos puntos, tomado de forma individual, podría interpretarse como una falla operativa menor. En conjunto, sin embargo, configuran un cuadro de controles internos debilitados que facilita el uso discrecional de los recursos y dificulta la rendición de cuentas. La Policía Nacional, como institución que gestiona decenas de miles de millones de pesos anuales, requiere estándares de gestión equivalentes a su peso presupuestario.
Qué exige ahora la Cámara de Cuentas a la Policía Nacional
El informe no se limita a señalar los problemas: formula recomendaciones concretas dirigidas a la máxima autoridad de la Policía Nacional. El órgano fiscalizador instó a gestionar la recuperación de los montos erogados sin documentación justificativa, una medida que implica identificar a los responsables de cada desembolso y exigir el reintegro o la justificación formal de los fondos. Asimismo, la Cámara de Cuentas demandó el fortalecimiento de los controles internos y la corrección de las deficiencias administrativas y financieras documentadas a lo largo de la auditoría.
El cumplimiento de estas recomendaciones será determinante para evaluar si la institución asume la auditoría como una oportunidad de mejora o si las observaciones quedan archivadas sin consecuencias reales. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana tiene la facultad de dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones, y la ciudadanía tiene el derecho de exigir que ese seguimiento ocurra de manera efectiva y transparente.
