By La producción de arroz en República Dominicana tiene escudo oficial. A través del Decreto 693-24, el presidente Luis Abinader formalizó a finales de 2024 una política de protección que desafía abiertamente el calendario de desgravación pactado en el DR-Cafta, el tratado de libre comercio con Estados Unidos que preveía la entrada sin restricciones del cereal estadounidense a partir de enero de 2025. La decisión ha desatado una disputa comercial de alto voltaje entre Santo Domingo y Washington, con consecuencias que aún están por definirse.
El decreto que frenó la apertura total del mercado
El Decreto 693-24 establece un mecanismo de doble cerrojo para blindar el mercado arrocero dominicano. Por un lado, fija un contingente preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz proveniente de Estados Unidos que pueden ingresar bajo condiciones favorables. Por otro, impone un arancel del 99 % sobre cualquier volumen que supere ese umbral. En la práctica, la regulación convierte la apertura total del mercado en una posibilidad remota, levantando una barrera arancelaria que Washington considera incompatible con los compromisos asumidos en el tratado.
La justificación del Gobierno dominicano no es económica en sentido estricto, sino estratégica: el decreto clasifica al arroz como un producto sensible y eleva la seguridad alimentaria al rango de prioridad nacional. El texto advierte que una caída en la producción local podría generar graves repercusiones económicas y sociales en las 21 provincias donde se cultiva el cereal, un argumento que conecta directamente con el peso político del sector agropecuario en el interior del país.
Por qué Abinader apostó por la protección de la producción de arroz
La postura de la administración Abinader no surgió de improviso. Desde 2023, el presidente había anticipado públicamente que su Gobierno no permitiría una apertura irrestricta del mercado arrocero, aun cuando el reloj del DR-Cafta seguía corriendo. La decisión tiene respaldo en los números: la producción de arroz alcanzó 14.2 millones de quintales en 2024, superando con claridad el promedio de 12.9 millones registrado entre 2016 y 2020, lo que evidencia un sector en expansión que el Ejecutivo no está dispuesto a sacrificar en el altar del libre comercio.
El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, reforzó ese argumento en abril al reportar que el país contaba con más de cinco millones de quintales almacenados, sin incluir la cosecha en curso. Esa cifra no solo habla de autosuficiencia, sino que le da al Gobierno un argumento adicional frente a Washington: República Dominicana no necesita el arroz estadounidense para garantizar el abastecimiento interno.
- Contingente preferencial: 23,300 toneladas métricas de arroz de EE. UU.
- Arancel sobre el excedente: 99 %
- Producción nacional 2024: 14.2 millones de quintales
- Promedio histórico 2016-2020: 12.9 millones de quintales
- Stock almacenado (abril 2025): más de 5 millones de quintales
- Provincias productoras: 21
La tensión con Estados Unidos y lo que está en juego
La respuesta de Washington no se hizo esperar. Estados Unidos ha amenazado con imponer medidas comerciales perjudiciales contra República Dominicana si el Gobierno mantiene la barrera arancelaria, lo que sitúa al país en el centro de una disputa delicada con su principal socio comercial. El DR-Cafta, vigente desde 2006 y administrado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, contemplaba un período de desgravación gradual para el arroz que debía culminar precisamente en enero de 2025 con la eliminación total de aranceles.
A lo largo de 2026, el Gobierno dominicano ha mantenido su posición sin fisuras. Abinader ha argumentado que el sector agropecuario ha sido un ancla clave para controlar la inflación, lo que convierte la protección de la producción de arroz en una decisión con doble dividendo: política agraria y estabilidad de precios. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto República Dominicana puede sostener esa postura sin que las represalias comerciales de Washington erosionen otros sectores de la economía, desde las exportaciones industriales hasta el acceso preferencial a mercados que el propio DR-Cafta garantiza.
Lo que está claro es que la producción de arroz se ha convertido en mucho más que un tema agrícola: es el terreno donde República Dominicana está librando una de sus batallas comerciales más complejas de los últimos años, con soberanía alimentaria y relaciones bilaterales en la misma balanza.
