By Un tribunal federal de Estados Unidos revocó este miércoles la suspensión de visados de inmigrante impuesta por la administración de Donald Trump para ciudadanos de 75 países, en una decisión que sacude los cimientos de la política migratoria más restrictiva de los últimos años. La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que la medida es “manifiestamente ilegal” y que el secretario de Estado, Marco Rubio, actuó más allá de sus competencias legales al implementarla.
La suspensión de visados que un juez declaró manifiestamente ilegal
En una sentencia de 61 páginas, la magistrada Vargas desmanteló uno a uno los argumentos del Gobierno federal. La administración sostenía que los solicitantes de las naciones implicadas representaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos, pero la jueza rechazó esa lógica al señalar que la prohibición ordenaba a los funcionarios negar visados incluso a inmigrantes que cumplían todos los requisitos y que probablemente serían autosuficientes. Esa práctica, según el fallo, contraviene directamente la norma que exige evaluaciones individualizadas para cada caso, un principio básico del derecho migratorio estadounidense.
El alcance geográfico de la medida anulada era considerable. Entre los países afectados figuraban naciones de América Latina y el Caribe, así como de África, Asia y Europa del Este. La lista incluía, entre otros:
- Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay
- Afganistán, Irak, Irán, Somalia y Yemen
- Egipto, Marruecos y Nigeria
- Rusia y Tailandia
La amplitud de la lista evidencia que la política no respondía a criterios de seguridad nacional específicos, sino a una lógica de restricción migratoria generalizada que la justicia federal acaba de frenar.
Lo que revela el fallo sobre las familias que demandaron
El caso llegó a los tribunales impulsado por demandantes concretos, no por organizaciones abstractas. Cinco profesionales colombianos recibieron negativas a sus solicitudes de visado citando exclusivamente la nueva política de la administración Trump, sin que mediara ningún análisis individual de sus circunstancias. A ellos se sumaron seis ciudadanos estadounidenses que argumentaron que la suspensión de visados perjudicó directamente a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según informó The New York Times.
El fallo va más allá de los demandantes originales: revoca también todas las denegaciones de visado que se fundamentaron únicamente en esta medida, lo que abre la puerta a la revisión de miles de solicitudes ya procesadas. Para las familias que llevan meses separadas por una política que ahora un tribunal califica de ilegal, esa revisión representa una posibilidad real de reunificación.
Las voces que celebran una victoria contra una política discriminatoria
Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, no dudó en calificar la decisión como “una victoria significativa para cientos de miles de familias” afectadas por lo que describió como una política “ilegal y discriminatoria”. En la misma línea, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, subrayó que el fallo representa un rechazo contundente a una medida que causó daños considerables a familias y comunidades en múltiples países.
Por el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han emitido declaración alguna sobre la sentencia. El silencio institucional contrasta con la magnitud de la derrota judicial: una política que afectó a decenas de naciones y a cientos de miles de personas ha sido desmontada en 61 páginas por una jueza federal que encontró en ella no un exceso administrativo menor, sino una violación manifiesta de la ley. La suspensión de visados impulsada por Trump queda así suspendida ella misma, a la espera de que la administración decida si apela o acata el fallo.
