By La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) lanzó una exigencia directa al Ministerio de Educación: los incentivos a maestros derivados de la Evaluación del Desempeño Docente deben pagarse antes de que finalice octubre. El reclamo llega mientras el proceso administrativo avanza sin una fecha concreta de desembolso, y con un magisterio que lleva desde 2023 esperando fondos estimados en alrededor de RD$9,000 millones.
Lo que revela la espera de dos años del magisterio
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, fue contundente al señalar que los docentes ya cumplieron su parte: se sometieron a la evaluación, obtuvieron sus calificaciones y aguardan un pago que el Estado lleva más de dos años sin concretar. Para Hidalgo, la deuda no es solo económica, sino de credibilidad institucional: el magisterio cumplió con sus responsabilidades y ahora corresponde a las autoridades hacer lo propio.
El reclamo de la ADP no surge en el vacío. El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco Germán D’Oleo, confirmó que el Ministerio de Educación ya inició el trámite administrativo para compensar a 104,332 docentes que completaron la evaluación. Sin embargo, D’Oleo advirtió que las revisiones requeridas por el Ministerio de Administración Pública, Recursos Humanos del MINERD, el área financiera y la Contraloría pueden extenderse por más de un mes, lo que coloca el desembolso en una zona de incertidumbre justo cuando la ADP fija octubre como límite.
Los incentivos a maestros y los números que definen el alcance del pago
La magnitud del proceso queda clara en las cifras. De los 122,080 docentes convocados originalmente, el avance ha sido significativo pero no está cerrado:
- 111,090 docentes ya recibieron sus calificaciones.
- 3,562 maestros presentaron reclamaciones formales.
- 1,130 incidencias permanecen bajo revisión.
Estos números revelan que, aunque la mayoría del proceso evaluativo está completado, una parte relevante del universo docente aún no tiene su situación resuelta. Hidalgo aprovechó para exigir también que se publiquen los resultados de la evaluación y se informe con precisión cuántos docentes aprobaron, una demanda de transparencia que el Ministerio no ha respondido públicamente.
Por su parte, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, confirmó que el pago incluirá un componente retroactivo y un incentivo mensual recurrente. Sin embargo, no precisó el monto individual que recibirá cada maestro, un vacío de información que alimenta la presión gremial.
Dos relojes corriendo en sentido contrario
La tensión central de esta situación es de naturaleza temporal. El Ministerio de Educación opera bajo los tiempos de la burocracia institucional, con revisiones que pueden superar el mes. La ADP, en cambio, opera bajo la presión de un gremio que acumula dos años de espera y que ahora tiene una fecha concreta sobre la mesa: antes de que termine octubre.
Si el proceso administrativo se extiende según los plazos que el propio viceministro anticipó, ambos relojes entrarán en conflicto directo. La pregunta que queda abierta es si el Ministerio de Educación acelerará los trámites ante la presión gremial o si la ADP escalará sus acciones cuando el calendario llegue al límite que ella misma estableció. Los incentivos a maestros, en ese escenario, se convierten en el termómetro de una relación entre el Estado y el magisterio que lleva demasiado tiempo bajo tensión.
