By Una legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) introdujo en la Cámara de Diputados un proyecto que podría cambiar la situación jurídica de miles de personas que han vivido toda su vida en República Dominicana usando documentos dominicanos, pero que hoy no pueden renovar su cédula porque su nacionalidad está en entredicho. La propuesta no abre la puerta a extranjeros indocumentados: apunta a un perfil muy específico, el de quienes construyeron su vida civil, laboral y familiar bajo una identidad dominicana que luego fue cuestionada.
La cédula especial que propone redefinir la identidad sin otorgar ciudadanía
El proyecto, identificado como 06435-2024-2028-CD y presentado por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, establece un régimen especial para la reconstrucción de la identidad y la regularización de documentación personal. Su eje central es la creación de una cédula especial que la Junta Central Electoral (JCE) podría expedir a personas cuya nacionalidad dominicana no haya podido ser acreditada tras agotar todos los procedimientos de investigación disponibles.
Este documento tendría carácter oficial para realizar trámites que no exijan la nacionalidad dominicana, pero incluiría la leyenda “NO VOTA”, dejando claro que no confiere derechos políticos. En los casos donde tampoco pueda determinarse ninguna otra nacionalidad, la cédula especial consignaría la frase “Nacionalidad no determinada”, sin que ello implique reconocimiento de ciudadanía dominicana ni acceso a los derechos que esta conlleva. Tampoco habilitaría la obtención de pasaporte dominicano ni de ningún otro documento que requiera acreditar esa nacionalidad.
La propuesta parte de una premisa jurídica relevante: las irregularidades en el origen de los documentos no deberían anular automáticamente las relaciones jurídicas que una persona construyó a lo largo de décadas. Contratos, herencias, vínculos laborales, registros de hijos: todo ese tejido civil quedaría en un limbo sin un mecanismo de regularización como el que plantea este proyecto.
Lo que revela el procedimiento: gratuito, con plazos y sin amnistía penal
El proyecto, compuesto por 69 artículos distribuidos en ocho capítulos, asigna a la Junta Central Electoral la responsabilidad de recibir, investigar y resolver cada solicitud mediante un procedimiento gratuito. Los interesados podrán presentar sus casos de forma presencial o por medios electrónicos, y la JCE tendrá un plazo máximo de 30 días laborables para emitir una decisión, ampliable hasta 45 días en casos de mayor complejidad.
- Si se determina que el solicitante tiene derecho a la nacionalidad dominicana, se expedirá la documentación correspondiente.
- Si no se puede acreditar la nacionalidad, se procederá con la inscripción en el registro especial y la emisión de la cédula especial.
- Las instituciones públicas tendrán 15 días laborables para actualizar sus registros tras una decisión firme de regularización.
- Los expedientes previamente rechazados podrán ser presentados nuevamente bajo este procedimiento especial.
Un punto que el texto subraya con claridad: acogerse a este mecanismo no exime de responsabilidades penales a quienes hayan participado activamente en las irregularidades documentales. La regularización de la identidad y la persecución penal son vías paralelas, no excluyentes.
Un proyecto en sus primeras etapas con un alcance deliberadamente acotado
Presentado en octubre de 2026, el proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas de tramitación legislativa y no cuenta con confirmación de aprobación en primera lectura. Su alcance está deliberadamente acotado: no busca regularizar a extranjeros indocumentados en sentido amplio, sino atender a quienes en algún momento utilizaron cédulas dominicanas y hoy se encuentran en un vacío legal al no poder renovarlas.
La propuesta también contempla la creación de un registro especial de identidad y nacimiento, un instrumento que permitiría a la JCE documentar y dar seguimiento a estos casos de forma sistemática. De ser aprobada y promulgada, la institución dispondría de 60 días calendario para dictar las regulaciones necesarias para su aplicación. La cédula especial, en ese escenario, se convertiría en una herramienta inédita en el sistema de identidad dominicano: un documento oficial que reconoce la presencia y la vida civil de una persona sin pronunciarse sobre su pertenencia nacional.
